El gobierno de Donald Trump ha propuesto un drástico incremento en las multas a migrantes que cuentan con órdenes de deportación pendientes y han sido arrestados por el ICE. El plan busca elevar la penalización de los actuales 5.130 dólares a un total de 18.000 dólares para aquellos extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia y decidieron permanecer en el país.
Esta medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene como objetivo principal reembolsar los costos que implica para el Estado la detención y posterior expulsión de estas personas. Además, el gobierno estadounidense utiliza esta estrategia como una herramienta para incentivar la llamada «autodeportación» entre los indocumentados.
¿Qué son las órdenes de deportación en ausencia?
Las órdenes de deportación en ausencia se emiten legalmente contra extranjeros que fueron debidamente notificados para asistir a su audiencia en una corte de inmigración, pero que decidieron no presentarse. Actualmente, el ICE ya aplica una multa, pero las autoridades consideran que el monto vigente es insuficiente para cubrir la operación logística.
En septiembre pasado, el ICE comenzó a aplicar una multa de 5.000 dólares según lo establecido para el año fiscal 2025, tarifa que en noviembre fue ajustada a 5.130 dólares debido al impacto de la inflación.
El argumento del DHS para el alza
El DHS sostiene que los 5.130 dólares no compensan adecuadamente a la agencia por el gasto operativo que conlleva detener a un extranjero. Según el organismo, es fundamental incluir gastos indirectos y generales que antes no se reflejaban con precisión en el cobro final.
Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero. Esto incluye, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.
El DHS ya ha publicado esta propuesta en el Registro Federal, abriendo un periodo de consulta que permite comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio. Este proceso definirá si la medida entrará en vigor de manera definitiva, marcando un endurecimiento significativo en la gestión migratoria de la actual administración estadounidense.
