La confirmación de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que reconoció como weichafe al psicólogo Álvaro Quinchinao tras su fallecimiento en un atentado frustrado en un camino rural de La Araucanía, ha generado una fuerte reacción en el sector político y gremial. Diversos actores locales han solicitado la creación de una unidad antiterrorista especializada para la Macrozona Sur, planteando preocupaciones sobre la posible infiltración de personas vinculadas a grupos radicales en servicios públicos del Estado.
El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, aseguró que este suceso marca un antes y un después en la investigación criminal. Según Santibáñez, se abre una arista distinta para identificar quiénes integran los grupos armados que operan en la zona.
Es un antecedente nuevo; que gente de cierto nivel de preparación, que tiene una vida aparentemente normal y que trabaja en instituciones probablemente financiadas por el Estado, estén dedicados al terrorismo. Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa cuyo objeto principal sea la desarticulación de grupos terroristas.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario (PNL), Gloria Naveillán, advirtió que el caso de Quinchinao no es un hecho aislado. La parlamentaria recordó un antecedente del año 2021, cuando un funcionario del Poder Judicial fue detenido en Traiguén portando armamento de guerra y municiones.
¿Infiltración en servicios públicos?
La diputada Naveillán subrayó la peligrosidad de que individuos con acceso a información sensible dentro del aparato estatal mantengan nexos con grupos insurgentes. Álvaro Quinchinao se desempeñaba como psicólogo a cargo del Programa de Salud Mental del Hospital Intercultural Makewe, en la comuna de Padre Las Casas, y residía en una comunidad mapuche.
La CAM, a través de una declaración pública, confirmó que el profesional perdió la vida la noche del pasado martes, cuando fue atropellado por un camión forestal mientras participaba en una acción de sabotaje y resistencia contra dicha industria. Tras este episodio, en las provincias de Malleco y Cautín se elevaron los niveles de vigilancia y alerta, incluyendo despliegue aéreo y vuelos nocturnos como estrategia preventiva.
Mientras la Fiscalía enfrenta la presión para realizar una investigación exhaustiva sobre estos vínculos, la pregunta que persiste es cuántos otros funcionarios públicos podrían estar operando bajo esta lógica de clandestinidad. La demanda por una estructura investigativa más robusta parece ser, hoy por hoy, la principal exigencia de los gremios productivos de la zona ante el temor de nuevas acciones de violencia.
