Con un respaldo político calificado como «histórico» por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el megaproyecto de Ley de Reconstrucción Nacional logró sortear con éxito su votación en general y particular en la Cámara de Diputados. La iniciativa ahora se traslada al Senado para continuar su discusión legislativa.
¿Qué puntos clave fueron aprobados? La propuesta del Ejecutivo incluye una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, la implementación de invariabilidad tributaria por 25 años, un nuevo crédito al empleo y la reintegración tributaria. Por el contrario, la sala rechazó eliminar la franquicia tributaria del Sence y descartó modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual que habrían permitido a sistemas de Inteligencia Artificial utilizar datos sin autorización de sus autores.
El impulso privado como motor de crecimiento
Tras la votación, el ministro Quiroz destacó el apoyo transversal obtenido de parlamentarios de la coalición de Gobierno, el Partido Nacional Libertario, integrantes del Partido de la Gente y otros votos puntuales. Según la autoridad, este proyecto es esencial para proveer beneficios sociales mediante el crecimiento económico.
La única manera de salir adelante, y por lo tanto la única manera de seguir proveyendo beneficios sociales y atendiendo las necesidades de todos los chilenos, es con crecimiento. Y para crecer hay una sola forma: devolver la energía creadora al sector privado, que es el que empuja las economías.
El secretario de Estado sostuvo que la megarreforma entrega un entorno apto para potenciar inversiones, aumentar el crecimiento y generar oportunidades laborales. En la misma línea, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó a través de la red social X este avance como el primer paso para la recuperación del país, instando a los senadores a dar luz verde para superar el actual estancamiento económico.
Advertencias del Consejo Fiscal Autónomo
Pese al optimismo del Ejecutivo, la iniciativa enfrenta cuestionamientos técnicos. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), aunque valoró la intención de promover el desarrollo, encendió las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal. El organismo advirtió que la medida causaría déficits fiscales al menos hasta el año 2031.
El mayor riesgo, según el CFA, radica en un posible descalce entre los costos de la ley y los beneficios proyectados, los cuales no están asegurados o podrían tardar más de lo previsto en materializarse. Si no se cumplen las expectativas de alza en el PIB, el impacto negativo en las arcas públicas podría prolongarse aún más allá de la década. El proyecto se mantiene como la prioridad legislativa de la administración, aguardando ahora su desenlace en la Cámara Alta.
