El conflicto legal que sacude a las Maldivas
El archipiélago de las Maldivas, reconocido mundialmente por su turismo de lujo, atraviesa una severa crisis democrática. El medio de comunicación Adhadhu se encuentra en el centro de una ofensiva gubernamental tras la publicación, el pasado 28 de marzo, del documental Aisha. El trabajo audiovisual expone el testimonio de una funcionaria gubernamental anónima que asegura haber mantenido una relación extramarital con el presidente Mohamed Muizzu.
A raíz de este reporte, el director ejecutivo de Adhadhu, Hussain Fiyaz Moosa, y el editor Hassan Mohamed —quien también colabora con la agencia EFE—, enfrentan cargos por “qazf”. Esta figura de la ley islámica castiga la falsa acusación de adulterio o conductas sexuales ilícitas. De ser encontrados culpables, ambos profesionales podrían ser sentenciados a casi dos años de prisión y recibir hasta 80 latigazos.
Redadas y censura contra el periodismo
La tensión escaló el 27 de abril, cuando la policía irrumpió en la redacción de Adhadhu, incautando computadores y diversos dispositivos electrónicos. Adicionalmente, las autoridades impusieron prohibiciones de viaje contra Fiyaz y Hassan, restringiendo su capacidad de movimiento mientras avanza el proceso penal.
El acoso se extiende a otros integrantes del equipo. Mohamed Shahzan cumplió una condena de 15 días de cárcel tras cuestionar al mandatario sobre este caso en una conferencia de prensa, mientras que Leevan Ali Nasir fue sentenciado a 10 días tras informar sobre la orden judicial que prohibía difundir el documental. Según Naif Ahmed, presidente de la Asociación de Periodistas de Maldivas, esta es la primera vez desde la apertura democrática de 2008 que se encarcela a comunicadores mediante una orden judicial de esta naturaleza.
La defensa frente a la persecución
El presidente Mohamed Muizzu ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como una venganza personal del medio. Por su parte, el ministro del Interior, Ali Ihusan, defendió el actuar policial a través de la red social X, argumentando que la libertad de prensa no es un pase libre para “destruir reputaciones con mentiras”.
“Muizzu quiere encarcelarnos a Hassan y a mí para acabar con el estrecho espacio que queda para el periodismo de investigación en este país. Su deseo último es vernos azotados en público”, declaró Fiyaz a la agencia EFE.
Organismos internacionales como Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas enviaron una carta el 8 de mayo denunciando que el Gobierno utiliza el sistema penal para intimidar a la prensa. Mientras tanto, Hassan Mohamed se mantiene firme en su postura, aunque reconoce el miedo ante un juicio que, a su juicio, no contará con las garantías mínimas. El futuro del periodismo de investigación en las Maldivas queda en vilo, a la espera de un veredicto que marcará un precedente histórico para la libertad de expresión en la región.
