La Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Bío Bío ha solicitado formalmente una extensión del plazo para la investigación que recae sobre Marcelo González Campos, conocido en el mundo delictual como ‘Crazy Nach’. El imputado, de 21 años, permanece en prisión preventiva en el penal de la capital regional desde septiembre del año pasado.
El fiscal Felipe Calabrano, encargado del caso, fundamentó esta petición en la necesidad de concretar diligencias que aún se encuentran pendientes por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Estos peritajes son cruciales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se le atribuyen al joven, quien enfrenta una serie de cargos graves.
Detalles de los delitos imputados
El caso contra ‘Crazy Nach’ abarca una compleja red de eventos violentos ocurridos en Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Concepción durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025. La investigación formal contempla un total de 8 homicidios, divididos en cuatro consumados y cuatro frustrados, todos cometidos mediante el uso de armas de fuego en la vía pública.
Dentro de las víctimas fatales del imputado, se encuentra el caso de Makarena Riveros, una joven madre de Coronel que fue asesinada en San Pedro de la Paz tras verse involucrada en un conflicto vial. Este hecho generó un fuerte impacto social y llevó a sus padres a presentar una querella criminal no solo contra González Campos, sino también contra quienes resulten responsables, incluyendo la posible participación de cómplices en el periodo en que el sujeto evadió la justicia.
Próximos pasos en el tribunal
Ante este escenario judicial, el Tribunal de Garantía de Lota ha fijado para el próximo 2 de junio la audiencia clave en la que se discutirá la viabilidad de ampliar el plazo de investigación. La resolución de esta solicitud será determinante para el curso futuro de la causa.
Cabe recordar que, conforme al artículo 04 del Código Procesal Penal, el presente artículo describe un proceso judicial en curso. Por lo tanto, no se debe considerar al imputado como culpable hasta que la justicia dicte una sentencia definitiva en su contra, existiendo siempre la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar las indagatorias.
