Un profundo malestar enfrenta la familia de Macarena Yévenes tras el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. El organismo descartó la calificación de homicidio en el caso que involucra a Oliver Contreras, el conductor que, en estado de ebriedad, causó la muerte de la tecnóloga médica en un choque en la autopista Concepción-Talcahuano, en la Región del Bío Bío.
Aunque el imputado reconoció los hechos durante el juicio, la incertidumbre radicaba en si el tribunal clasificaría el delito como manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte —tal como acusó el Ministerio Público— o si acogería la tesis de homicidio sostenida por la parte querellante. Finalmente, las juezas optaron por la postura de la Fiscalía, lo que detonó la desilusión de Verónica Venegas, madre de la víctima, quien calificó la resolución judicial como insuficiente.
¿Justicia o accidente? La lucha de la familia
Entre lágrimas, Verónica Venegas enfatizó que su hija “fue asesinada”. La mujer manifestó su frustración señalando:
“No importó que la haya dejado tirada en la calle; solamente la lástima la tienen con él (…) Lo único que quería era justicia para mi hija”.
El fiscal Juan Yáñez, pese a la postura del tribunal, intentó endurecer la sanción solicitada. Inicialmente, la acusación pedía 5 años de cárcel, pero la pena fue aumentada a 10 años tras descubrir antecedentes previos de Oliver Contreras por manejo bajo la influencia y exceso de velocidad. “Solicité no reconocer la irreprochable conducta anterior y exigir el máximo de la pena”, declaró el fiscal.
La pugna por la pena máxima
Por otro lado, la defensa, liderada por el abogado Marcelo Villena, argumenta que los antecedentes del condenado son antiguos y no figuran en su hoja de vida actual. Bajo este argumento, y sumando la colaboración del imputado, el abogado pretende rebajar la sanción a 3 años bajo la modalidad de libertad vigilada.
En contraste, el abogado Julián Carrasco, representante de la familia de la tecnóloga médica, mantiene su petición de 15 años de presidio. Si bien la Ley Emilia establece un tope máximo de 10 años, los querellantes esperan que el tribunal considere atenuantes que impidan la libertad vigilada. La sentencia final será dictada el próximo 29 de mayo, fecha en que se conocerá si Oliver Contreras cumplirá cárcel efectiva o si podrá cumplir su pena en libertad.
