El fin de una disputa judicial histórica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este lunes el retiro de la millonaria demanda que interpuso a finales de enero contra el fisco estadounidense. La acción legal, que buscaba una indemnización de 10.000 millones de dólares (cerca de 8.380 millones de euros), se originó tras la filtración de sus declaraciones de impuestos a diversos medios de comunicación por parte de Charles Littlejohn, un excontratista del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que actualmente cumple una condena en prisión.
El mandatario, junto a sus hijos Donald y Eric y la Organización Trump, presentó la solicitud de “sobreseimiento voluntario” ante el Tribunal del distrito sur de Florida. A pesar de la magnitud de la cifra inicial, el fiscal general interino, Todd Blanche, aclaró que el acuerdo alcanzado no contempla el pago de indemnizaciones monetarias directas ni compensaciones de ningún tipo para los demandantes, sino que se limita a una disculpa formal por parte del Estado.
La creación del nuevo fondo de reparación
En lugar de realizar pagos directos a los afectados, el Departamento de Justicia se ha comprometido a instaurar un “fondo contra la instrumentalización” con un presupuesto de 1.776 millones de dólares (aproximadamente 1.524 millones de euros). El objetivo declarado de esta iniciativa es establecer un mecanismo sistemático para gestionar y resolver reclamaciones de ciudadanos que afirman haber sido víctimas de la “guerra jurídica” y la “instrumentalización” de la justicia durante administraciones pasadas.
La maquinaria gubernamental jamás debería utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este Departamento es enmendar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder. Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y obtener reparación, señaló Blanche.
El fondo será administrado por una comisión especial compuesta por cinco miembros designados por el fiscal general. Este organismo tendrá la facultad de emitir disculpas públicas y otorgar compensaciones monetarias evaluadas caso a caso. El proceso de recepción de solicitudes estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2028, fecha cercana al término del mandato actual, momento en el cual el remanente del fondo será reintegrado al Tesoro federal.
Controversia política y origen del conflicto
La decisión no ha estado exenta de críticas. Un grupo de cerca de un centenar de congresistas demócratas presentó un documento ante el tribunal advirtiendo que este pacto podría desviar fondos públicos hacia el entorno del presidente. La demanda original detallaba que, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, Charles Littlejohn vulneró la privacidad fiscal del mandatario para filtrar datos a The New York Times, ProPublica y otros medios.
Cabe recordar que Littlejohn fue sentenciado a inicios de 2024 a una pena de cinco años de cárcel tras ser hallado culpable de filtrar información privada de miles de los contribuyentes más ricos del país. Con el retiro de la denuncia de Trump, el caso se cierra judicialmente, dejando la incógnita sobre cuántas solicitudes de reparación efectivamente se concretarán bajo este nuevo marco hasta finales de 2028.
