Un complejo escenario enfrenta la Municipalidad de Penco, en la Región del Bío Bío, luego de que la Contraloría ordenara un sumario interno. El proceso busca determinar responsabilidades tras detectarse que el municipio permitió la renuncia de una abogada que mantenía una inhabilidad legal, evitando así el inicio de un proceso disciplinario obligatorio.
El origen de la inhabilidad
El caso salió a la luz gracias a una notificación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que alertó a la Contraloría sobre la prohibición de la abogada Alejandra Donoso para ejercer cargos en el servicio público. La medida se originó por el patrocinio que la profesional mantuvo en múltiples demandas laborales contra el Fisco, contraviniendo el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales.
A pesar de esta restricción, Donoso se desempeñó previamente como directora jurídica en la Municipalidad de Talcahuano y, desde inicios de 2024, ocupó el mismo puesto en la comuna de Penco.
La cronología del conflicto
El antecedente formal fue comunicado por el contralor regional, Víctor Henríquez, al municipio el pasado 23 de marzo. Sin embargo, apenas una semana después, el 30 de marzo, la corporación aceptó la renuncia de la profesional sin haber instruido el sumario administrativo que correspondía por ley.
Para el concejal Leonardo Jara, este actuar no solo es negligente, sino que sugiere una posible red de protección.
A mí me parece súper grave, porque aparte de la inhabilidad que tenía la abogada, acá estamos viendo un posible encubrimiento de esta falta. Esto se tiene que ver, porque una cosa es la falta que estaba realizando la abogada, pero otra es la acción administrativa que correspondía, y en este caso era un sumario y ahí determinar también las faltas que son bastante graves.
Defensa municipal y dudas políticas
Desde la administración local, el nuevo abogado jefe, Winston Carrasco, descartó irregularidades en la tramitación. Según Carrasco, el ordinario enviado por el organismo contralor solo solicitaba un informe jurídico y no ordenaba explícitamente la suspensión de actos administrativos o medidas disciplinarias contra Donoso, por lo que la renuncia se habría cursado bajo la normativa vigente.
Esta visión es refutada por la concejala María Carolina Inostroza, quien apunta a una maniobra deliberada para evitar sanciones.
Esto que deja entrever de que hubo un tiempo para que se buscara la estrategia de cómo era la salida de ella del municipio sin generar mayor problema -imagino- que a ella misma, pero acá lo que correspondía es que una vez informado por Contraloría, inmediatamente se aplicara la investigación sumaria.
Actualmente, el caso sigue en desarrollo bajo la supervisión de la Contraloría, mientras la comunidad y el Concejo Municipal esperan esclarecer si realmente se configuró un encubrimiento administrativo o si existió una interpretación errónea de los plazos legales por parte de la alcaldía.
