El fallo que cierra el caso en Pudahuel
El sistema judicial chileno dictó este jueves una sentencia histórica por el doble homicidio cometido en septiembre de 2023 en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana. Benjamín Bordillo Catrimán y otros tres adultos fueron hallados culpables por el asesinato de Bernarda Morales y su pareja, Arturo, crímenes que causaron conmoción nacional tras revelarse antecedentes sobre un presunto caso de canibalismo vinculado a los hechos.
De acuerdo con la investigación, Benjamín se apropió de manera ilícita del inmueble donde residían las víctimas, obligando al dueño original —quien padecía adicción a las drogas— a trasladarse a una habitación secundaria. Fue en ese lugar donde se ejecutaron los asesinatos, las torturas y los supuestos actos de canibalismo que marcaron la gravedad de este proceso judicial.
Pruebas clave y el hallazgo de los restos
Un elemento determinante para esclarecer el destino de las víctimas fue una grabación telefónica de 20 minutos, difundida anteriormente por Reportajes T13. En ella, uno de los implicados relató con crudeza: “El Benja los tenía ahí, los tenía secuestrados y les pegaba. Después se le pasó por la mente. Al Arturo lo degolló entero… A ella también, todo lo mismo”.
Los cuerpos de la pareja fueron encontrados dos meses después de que se denunciara su desaparición, abandonados a un costado de la Ruta 68. La fiscal jefa de la investigación, Paulina Díaz, señaló que la obtención de testimonios fue compleja debido al contexto violento del delito, por lo que el caso se sustentó principalmente en el trabajo técnico de la Brigada de Homicidios.
Condenas y sentencias
Los imputados fueron declarados culpables por los delitos de secuestro, tortura, inhumación y exhumación ilegal, además del doble homicidio. La justicia determinó que Benjamín y los otros dos adultos deberán cumplir la pena de presidio perpetuo calificado. Esto implica que no podrán optar a beneficios carcelarios antes de completar 40 años efectivos de prisión.
Respecto a la cuarta implicada, quien era menor de edad al momento de los crímenes —sobrina de una de las víctimas—, se le impuso una condena que contempla cinco años de régimen semicerrado, seguidos de otros cinco años bajo vigilancia del servicio de menores. La fiscalía aclaró que, lejos de ser un secuestro extorsivo, el móvil de estos hechos residió en rencillas personales y problemas asociados al tráfico de drogas.
