A partir del próximo 12 de junio, la política migratoria en España sufrirá un cambio drástico: el país dejará de conceder o renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias. Esta medida, que afecta principalmente a ciudadanos venezolanos, coincide con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo en toda la Unión Europea.
La información fue confirmada por la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior español mediante un oficio interno reportado por la Agencia EFE. El documento establece un denominado “mecanismo de transición” para facilitar el acceso a otros permisos contemplados en el reglamento de extranjería actual.
El impacto de la medida en la comunidad venezolana
Desde 2018, el Gobierno español implementó la vía humanitaria como una respuesta directa al elevado número de solicitudes de asilo presentadas por venezolanos, ante las bajas tasas de reconocimiento del estatuto oficial de refugiado. Esta medida permitió regularizar la situación de aproximadamente 240 mil personas.
Las cifras del Ministerio del Interior reflejan el alcance de esta política: durante el año pasado, España otorgó 57.334 autorizaciones de este tipo. Sin embargo, con el nuevo marco europeo, el Ejecutivo considera que el mecanismo actual “induce a confusión”, ya que permite otorgar residencias por vías alternativas tras una resolución desfavorable de protección internacional.
¿Qué alternativas existen para los residentes?
Ante la inquietud sobre el futuro de los migrantes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aclaró el pasado 1 de abril que los ciudadanos venezolanos podrán acogerse a los procesos de regularización extraordinaria ya existentes. Además, el real decreto que entró en vigor el 16 de abril permite que quienes poseen esta residencia temporal vinculada a protección internacional puedan solicitar un cambio hacia otras autorizaciones de trabajo y residencia comunes.
La presión migratoria sigue siendo un factor clave en la agenda. El Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 reveló un aumento significativo en las solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos, alcanzando las 85.600 peticiones, lo que representa el 60% del total nacional. Esta cifra supera ampliamente las 66.700 registradas en 2024. El reporte identifica como factores de atracción tanto la política de residencias humanitarias en España como las modificaciones recientes en la gestión migratoria de Estados Unidos.
¿Cómo se adaptará el sistema español ante este aumento de peticiones? Con el cierre de esta vía excepcional, el éxito de la transición dependerá de la capacidad administrativa para gestionar el cambio de estatus de miles de personas hacia el reglamento de extranjería ordinario.
