Una auditoría interna de Codelco ha encendido las alarmas en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, tras detectar de manera preliminar una supuesta desviación de 20.000 toneladas en los resultados productivos correspondientes al año 2025. Ante este escenario, los diputados Stephanie Jéldrez, Carlo Arqueros e Ignacio Urcullú han liderado una ofensiva política para fiscalizar a la cuprífera estatal.
Fiscalización tras hallazgos en la estatal
El hallazgo de la propia compañía se suma a las denuncias previas del Sindicato N°1 de Ventanas, quienes han reclamado el incumplimiento en la ley de abastecimiento de la fundición, destacando una falta de 100 toneladas que debían llegar y nunca lo hicieron. La diputada Stephanie Jéldrez señaló que el Estado tiene la obligación de exigir transparencia en sus activos estratégicos.
Codelco es uno de los principales activos estratégicos del Estado de Chile, y precisamente por eso tenemos la obligación de exigir los más altos estándares de transparencia y eficiencia.
Jéldrez también cuestionó el desempeño financiero de la empresa, mencionando el proyecto ‘Rajo Inca’. Esta iniciativa ha visto cómo sus costos se dispararon de US$1.200 millones a más de US$2.500 millones sin que, a la fecha, se alcancen los niveles productivos originalmente proyectados.
¿Qué pasará con la gestión de Codelco?
Por su parte, el diputado Carlo Arqueros advirtió sobre el impacto en la confianza pública. “Estamos hablando de cifras que pudieron haber inflado la producción y, con ello, los bonos y beneficios de la plana ejecutiva”, afirmó el parlamentario por la región de Antofagasta, confirmando que ya se ha oficiado a la empresa para esclarecer las irregularidades.
En la misma línea, el diputado Ignacio Urcullú, representante de la región de Atacama, formalizó la solicitud para crear una Comisión Investigadora. Según el legislador, es urgente determinar qué ocurre con los recursos de la Corporación del Cobre. Por ahora, el ambiente en el Congreso es de absoluta presión, a la espera de que la compañía entregue antecedentes detallados que permitan restablecer la confianza sobre la trazabilidad de su producción y el control efectivo de sus gastos corporativos.