Crisis en la certificación de seguridad privada
La entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada ha desatado una alerta crítica en el sector. A pocos días del vencimiento del plazo legal, fijado para este 28 de mayo, cerca de 33 mil guardias y vigilantes aún no han logrado completar sus procesos de acreditación. Esta situación pone en jaque el empleo del 10% de una industria que emplea a más de 300 mil personas en todo el país, quienes cumplen funciones esenciales en bancos, hospitales, centros comerciales, transporte de valores y eventos masivos.
Fallos operativos y cuellos de botella
Desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana Victoria, admitió que la normativa enfrenta problemas operativos severos tanto en plataformas digitales como en sistemas de registro. La autoridad señaló que la mayoría de los trabajadores no tuvo la oportunidad de acreditarse a tiempo debido a estas fallas técnicas. Asimismo, la crisis afecta a las empresas del rubro: de un universo de 3.700 compañías, solo tres han logrado subir exitosamente sus estudios de seguridad al sistema.
Explicaciones del gremio ante la falta de recursos
Por su parte, Aldo Vidal, representante de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, atribuyó el colapso a la falta de capacidad operativa del OS-10 de Carabineros para procesar los exámenes necesarios. El dirigente denunció que las oficinas regionales deben gestionar cientos de evaluaciones con recursos tecnológicos precarios, ejemplificando que en algunas dependencias solo cuentan con dos computadores para realizar hasta 200 exámenes, generando un cuello de botella insostenible.
La respuesta del Ejecutivo: ley corta en trámite
Ante la inminente salida masiva de trabajadores del sistema, la subsecretaria Quintana confirmó que existe un riesgo real de despidos masivos si no se logra la acreditación antes de la fecha límite. Para mitigar el impacto, el Gobierno ha ingresado una ley corta que busca extender los plazos de regularización. Actualmente, la iniciativa ya está siendo debatida en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados para evitar que miles de personas queden inhabilitadas para ejercer sus funciones.
