El conflicto por los derechos de autor
La industria de los medios en Chile está en alerta. La Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestaron este martes un rechazo categórico a la indicación sustitutiva del Gobierno sobre la inteligencia artificial dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional. Ambos gremios advierten que la propuesta, que modifica el artículo 8 del proyecto, pone en riesgo el trabajo periodístico y cultural del país.
El punto central de la discordia es la creación del artículo 71 T en la Ley de Propiedad Intelectual. Esta norma permitiría a empresas tecnológicas extraer datos y entrenar modelos de inteligencia artificial utilizando obras publicadas legalmente, todo esto “sin remunerar ni obtener autorización del titular”. Los medios califican esta medida como un ataque directo a la propiedad intelectual.
La postura de ANATEL: Un traje a la medida
Para ANATEL, el Ejecutivo ha presentado una propuesta que favorece descaradamente a las grandes corporaciones extranjeras. Según el gremio, esta indicación “agrava de manera significativa” las preocupaciones previas del sector, al entregar acceso gratuito al contenido periodístico, audiovisual y musical producido por chilenos.
La entidad televisiva ha propuesto que, en lugar de esta exención, se implemente un sistema de “opt-out”. Este mecanismo, ya utilizado en la Unión Europea, permitiría que los creadores decidan expresamente si autorizan o no el uso de sus obras para el entrenamiento de sistemas de IA. ANATEL solicitó al Congreso que rechace este apartado y que la regulación de la IA se discuta en un proyecto de ley exclusivo y no en una ley de reconstrucción.
Críticas de la ANP: Debilitamiento legal
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa sostuvo que la indicación no soluciona los problemas detectados, sino que los profundiza. La ANP advierte que la redacción propuesta debilita tratados internacionales fundamentales, tales como el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC.
Otro aspecto cuestionado es la creación de un “Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual”. La ANP fue enfática al señalar que este fondo “no es una compensación”, ya que sus recursos no llegan directamente a los titulares de los derechos vulnerados. Además, el gremio criticó que el fondo sea administrado solo por el Estado y se financie con impuestos, sin que las empresas de tecnología realicen aportes obligatorios. La ANP exige excluir los contenidos periodísticos de cualquier excepción legal y abrir una mesa de diálogo antes de avanzar en la tramitación.
