Los municipios de la provincia de Osorno enfrentan un complejo escenario financiero debido al drástico incremento en los costos asociados al traslado y disposición final de la basura. El alza de los combustibles, sumada a las nuevas tarifas en el vertedero Curaco, ha tensionado los presupuestos comunales, obligando a los ediles a redestinar recursos críticos de áreas como educación y asistencia social.
Crisis presupuestaria en las comunas
El problema no solo radica en el combustible, sino también en el modelo de cobro por tonelada. En Río Negro, el alcalde Sebastián Cruzat señaló que deben desembolsar anualmente cerca de 400 millones de pesos, además de pagar por tonelada a la Municipalidad de Osorno. El edil enfatizó la urgencia de instalar una báscula para transparentar los cobros:
«Se cobra hoy en día por camionada. Lo que queremos es que se pueda realizar la instalación de una báscula que va a permitir calcular de manera más certera cuantas son las toneladas que efectivamente se están trasladando».
En Puyehue, la alcaldesa María Ximena Núñez detalló que el costo de entrada al vertedero subió un 40%, elevando el gasto anual a 80 millones de pesos. Para una comuna con un presupuesto total cercano a los 7 mil millones de pesos, este tipo de alzas impacta directamente en la gestión local.
Impacto directo en recursos sociales
La situación es crítica en San Pablo, donde el alcalde Marco Carrillo estima un aumento del 52% en sus gastos. Según el edil, el pago por disposición final subió de 48 a 73 millones de pesos a partir de 2025.
«Tenemos que reducir ítems presupuestarios de otras asignaciones para poder suplementar lo que habíamos considerado en años anteriores. Impacta considerablemente en áreas tan sensibles que tenemos nosotros como educación y asistencia social».
Por su parte, el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, confirmó que el tratamiento de residuos les genera un desembolso constante de 75 millones de pesos, agravado por el precio de los combustibles. Finalmente, la alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, denunció el alza más pronunciada: el costo anual pasó de 55 millones en 2024 a 110 millones en 2025, representando un incremento superior al 100%.
Actualmente, los municipios buscan optimizar la capacidad de carga de sus camiones mientras esperan soluciones técnicas, como el pesaje formal en Curaco, para intentar mitigar un déficit que amenaza con profundizarse durante el resto del año.
