Una grave acusación remece a la Municipalidad de Los Ángeles. Un grupo de concejales presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando al alcalde José Pérez Arriagada de haber utilizado un vehículo municipal para trasladarse hasta el Casino de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.
¿Por qué esta denuncia genera tanto ruido en la administración comunal? Según explicaron los ediles, el uso de recursos fiscales para fines personales, sumado a la naturaleza del lugar visitado, vulneraría normativas clave sobre la probidad funcionaria. Paola Ortíz, concejala independiente por Demócratas, señaló que el hecho es sumamente preocupante: «Las autoridades que custodian fondos públicos tienen la prohibición legal de apostar y asistir a estos establecimientos». Además, recalcó que el vehículo en cuestión es financiado por la comunidad, por lo que su utilización para un viaje particular a la «ciudad jardín» es inaceptable.
La postura del Concejo Municipal
La arremetida contra el jefe comunal cuenta con el respaldo de distintos sectores. El concejal Víctor Salazar, militante de la DC, confirmó la existencia de la denuncia y advirtió sobre las eventuales consecuencias políticas y administrativas de este caso. «La denuncia es real, existe y de ser efectiva, es muy delicado porque podría conllevar hasta la destitución del alcalde», sentenció el edil.
La defensa de José Pérez
Ante el emplazamiento, el alcalde José Pérez negó categóricamente haber asistido al centro de juegos. Si bien el jefe comunal reconoció que efectivamente viajó a la región de Valparaíso, insistió en que su periplo tuvo motivos exclusivamente laborales.
Fui a cumplir con funciones, estar con la Subdere, con Ferrocarriles. Fui a cumplir algunas funciones a la Cámara de Comercio y después regresé.
El alcalde calificó la acusación de sus pares como vergonzosa y aseguró que se trata de un invento. En este escenario, José Pérez anunció que presentará una querella contra quienes resulten responsables de lo que él denomina una calumnia. Por ahora, el caso queda en manos de la Contraloría, organismo que deberá determinar si existió una falta al reglamento o si los antecedentes presentados por los concejales carecen de sustento probatorio. La resolución de este conflicto marcará un precedente importante para la gestión municipal en la comuna.
