Un importante golpe contra la delincuencia fue concretado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región del Bío Bío, logrando la captura de 76 prófugos de la justicia durante operativos realizados entre el 6 y 7 de mayo. La intervención, que contó con el despliegue de 188 funcionarios, se concentró en las provincias de Concepción y Bío Bío, específicamente en las comunas de Los Ángeles y Concepción.
Resultados de la estrategia policial
La jefa regional de la PDI Bío Bío, la prefecta inspectora Claudia Chamorro Contreras, detalló que estas acciones responden a una estrategia integral para combatir el crimen organizado. Según la autoridad, este plan permitió no solo capturar a personas con órdenes de detención pendientes, sino también realizar incautaciones relevantes.
Esta estrategia de trabajo nos ha permitido sumar capacidades, conocimiento y experiencia, obteniendo resultados concretos en materia de seguridad.
Entre los elementos incautados durante las diligencias, la policía informó el hallazgo de armas de fuego, municiones y diversas cantidades de drogas. Los detenidos, en tanto, mantenían cuentas pendientes con la justicia por una amplia gama de delitos, incluyendo ilícitos económicos, robos, hurtos, lesiones, delitos sexuales, infracciones a la Ley de Control de Armas y delitos asociados a sustancias ilícitas.
Control migratorio y fiscalizaciones
Además de la persecución de prófugos, el despliegue incluyó controles migratorios donde se fiscalizó a 111 ciudadanos extranjeros. Como resultado, 11 personas fueron denunciadas ante la autoridad administrativa por infringir la normativa vigente; de ellos, nueve son venezolanos, uno boliviano y uno colombiano.
En el marco de estas mismas fiscalizaciones, se concretó la expulsión de una ciudadana dominicana que mantenía vigente un decreto de expulsión del país. Estas acciones de la PDI se mantienen bajo un estricto monitoreo, mientras las autoridades evalúan si esta modalidad de operativos focalizados se replicará con mayor frecuencia para reducir la cifra de personas prófugas en la zona central y sur de la región. ¿Se traducirán estos procedimientos en una baja sostenida de los delitos de mayor connotación social en la intercomuna?
