Un complejo escenario legal enfrenta la comunidad educativa del Colegio Alerce en Puerto Montt, luego de que se confirmara que la Ley Aula Segura no puede ser aplicada contra los estudiantes que realizaron amenazas de violación grupal, secuestro y quema contra una docente. Según explicó el alcalde Rodrigo Wainraihgt, la imposibilidad de activar esta normativa radica en que los amedrentamientos ocurrieron a través de mensajes privados en un grupo de WhatsApp.
El jefe comunal detalló que, tras tomar conocimiento del chat y de reportes sobre el uso de gas pimienta en el recinto, se procedió a realizar las denuncias ante Carabineros y el Ministerio Público. Sin embargo, Wainraihgt reconoció que se trata de un desafío jurídico mayor al tratarse de información privada.
«Inmediatamente levantamos todas las alarmas y alertas, y cuando digo todas las alarmas y alertas es que hicimos la respectiva denuncia a Carabineros, denuncia también al Ministerio Público, aquí además hay una querella particular por parte de la profesora. Hoy en día estamos frente a un chat que además es un instrumento, una información que es privada y eso hace más compleja la situación», señaló el edil.
El alcalde añadió que, ante la consulta realizada a la Superintendencia de Educación sobre la viabilidad de invocar la Ley Aula Segura, el organismo fue enfático en señalar que, debido a la naturaleza privada de los mensajes, la ley no resulta aplicable en este caso específico. Por su parte, la Superintendencia de Educación emitió un comunicado informando la generación de dos denuncias de oficio por situaciones de carácter crítico, iniciando un proceso de fiscalización inmediata. No obstante, el organismo aclaró que su rol es orientador y que la facultad de tomar resoluciones recae en la autonomía de los establecimientos.
Situación escolar y pasos a seguir
Desde el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt, informaron que permanecen a la espera de un informe formal por parte de la institución fiscalizadora. Una vez recibido este documento, planean convocar a una reunión con los apoderados de los adolescentes involucrados para discutir posibles medidas correctivas. Sobre la docente querellante, el DAEM aseguró que se le mantendrá informada sobre el proceso una vez que retorne de su licencia médica.
A pesar de la gravedad de los hechos, el colegio retomó sus actividades de convivencia este lunes. El objetivo planteado por el establecimiento es normalizar el entorno académico, permitiendo que los alumnos involucrados sigan participando en clases, ya que estos jóvenes cumplieron los 5 días máximos de suspensión permitidos por la normativa vigente al no poder aplicarse la Ley Aula Segura. ¿Cómo garantizará el colegio la seguridad de la docente ante este vacío legal?
