El senador Iván Flores (DC) arremetió contra la Universidad Austral de Chile (UACh) debido al profundo hermetismo que ha mantenido la institución tras el violento ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en el campus de Isla Teja, ubicado en Valdivia, región de Los Ríos.
A un mes de los incidentes, el caso mantiene dos frentes judiciales abiertos: uno en el ámbito penal liderado por el Ministerio Público, que ya cuenta con tres estudiantes formalizados por el delito de atentado contra la autoridad; y una investigación interna de carácter administrativo gestionada por el área jurídica del plantel.
La postura del senador y la respuesta institucional
El parlamentario, quien además es socio de la casa de estudios, cuestionó duramente la estrategia de comunicación de la universidad. Según Flores, la institución no puede permanecer al margen ni permitir que actos de violencia ocurran dentro de sus recintos sin una postura clara.
La universidad no puede quedarse callada ni amparar a gente que ha actuado con violencia. Ese silencio que ha guardado la universidad me parece inaceptable porque ya tenemos un mes del ataque violento a una ministra de Estado.
Desde la UACh han declinado emitir vocerías públicas argumentando que el proceso sigue en desarrollo. Fuentes consultadas extraoficialmente señalan que el silencio administrativo busca resguardar la imparcialidad del proceso interno y asegurar que todas las etapas se cumplan conforme al marco legal vigente.
Reacciones políticas y estado de la indagatoria
El debate también involucró al diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, quien llamó a evitar la politización del hecho. El parlamentario advirtió que la investigación no debe transformarse en una herramienta de impugnación política y cuestionó lo que calificó como un posible “aprovechamiento político” por parte de figuras de la oposición.
A la fecha, el proceso administrativo en la universidad continúa su curso bajo estricta reserva. La incertidumbre sobre las sanciones definitivas y los tiempos de resolución mantienen expectante a la comunidad académica mientras se espera el avance de las acciones judiciales que definirán la responsabilidad penal de los implicados.
