Graves amenazas en el Colegio Alerce
Una profesora del Colegio Alerce, ubicado en Puerto Montt, presentó una querella criminal tras descubrir una serie de mensajes violentos emitidos por estudiantes de 8° básico a través de un grupo de WhatsApp. Según una investigación realizada por Radio Bío Bío, los involucrados, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 15 años, discutían planes para cometer delitos graves.
Entre los mensajes registrados, se documentó una propuesta de violación grupal, donde una estudiante instó a sus compañeros a realizar la acción contra la docente, utilizando la frase: “Violenla entre todos igual a la tía”. Los adolescentes también planificaron el secuestro de los hijos del director del establecimiento, exigiendo un rescate de 10 millones de pesos a cambio de su liberación y permiso para utilizar teléfonos celulares durante las clases.
Acciones judiciales y estado del caso
La docente tomó conocimiento de estos chats el pasado 22 de abril, mientras cumplía su jornada laboral. Debido a la gravedad de los hechos, que incluyen amenazas de incendiar el recinto educacional, decidió emprender acciones legales. Su abogado, Mauricio Sáez, informó que la afectada se encuentra actualmente con licencia médica, manifestando estar “muy asustada” por la naturaleza de los ataques.
El representante legal subrayó que, a criterio de la defensa, este caso no se ajusta a los protocolos de Aula Segura, lo cual obligó a presentar la querella ante la justicia ordinaria. Hasta la fecha, la profesora no cuenta con medidas de protección especiales, a pesar de la violencia explícita de los mensajes escritos por los menores de 14 y 15 años.
Respuesta de las autoridades educativas
Desde el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt, señalaron que el Colegio Alerce ya activó sus protocolos internos. Sin embargo, no se han adoptado medidas disciplinarias concretas contra los estudiantes involucrados.
La institución aclaró que se mantienen a la espera de las directrices que deba entregar la Superintendencia de Educación. La complejidad del caso radica en que involucra a alumnos de enseñanza básica, lo que requiere un procedimiento específico bajo la normativa educacional vigente en Chile.
