El exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez ya se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Gendarmería confirmó que el parlamentario ingresó al anexo Capitán Yáber, mientras que Domínguez fue derivado al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, cumpliendo con los protocolos de clasificación, segmentación y revisión médica tras ser procesados por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Detalles de la resolución judicial
La decisión fue ratificada por el juez Daniel Urrutia tras extensas jornadas de formalización. El magistrado dio por acreditados los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado para Lavín León. En tanto, a Domínguez se le imputaron cargos por cohecho, delito electoral y delitos tributarios.
Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva.
El tribunal determinó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. El Ministerio Público sostiene que existe un mecanismo destinado a desviar recursos públicos hacia fines personales y electorales, estimando un perjuicio fiscal de $104 millones. Por su parte, la defensa de los imputados niega rotundamente los cargos, calificando las irregularidades detectadas como meros errores administrativos.
Antecedentes de la indagatoria
La causa ha cobrado relevancia pública tras revelarse antecedentes sobre el uso de fondos públicos. Según una investigación de BBCL Investiga, el exparlamentario habría utilizado dineros del Congreso para saldar una deuda personal con la imprenta MMG, empresa que prestaba servicios a diversos candidatos gremialistas en Santiago Centro.
Mientras el proceso judicial avanza, Lavín León permanece recluido en el recinto penitenciario para imputados de alta connotación pública. La Fiscalía ahora deberá profundizar en las pruebas recabadas durante estos tres meses de plazo investigativo para determinar las responsabilidades definitivas en este presunto fraude al fisco.
