El Gobierno de José Antonio Kast concretó durante la madrugada de este jueves su segundo operativo de expulsión de migrantes irregulares o con antecedentes penales, marcando una continuidad en su política de control migratorio. El vuelo de deportación despegó cerca de las 4:30 horas desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto de Santiago, transportando a 40 personas.
Los deportados son ciudadanos de Colombia, República Dominicana y Haití. Este último destino es relevante, pues el Servicio Nacional de Migraciones confirmó que los traslados hacia Haití no se realizaban desde 2024, debido a complejidades diplomáticas y logísticas. El operativo se llevó a cabo en un Boeing 737 de la FACh con un fuerte despliegue de seguridad, donde cada extranjero expulsado fue custodiado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), sumando cerca de 80 personas a bordo.
Compromiso de Gobierno: Acelerar las expulsiones
Este nuevo vuelo se enmarca en las promesas de campaña del presidente Kast, quien hizo del control migratorio y las deportaciones uno de los ejes principales de su discurso y programa. Al asumir, el mandatario se comprometió a acelerar los procesos de expulsión administrativa y judicial, fortalecer la fiscalización fronteriza y combatir el ingreso irregular al país.
De hecho, tras el primer vuelo de deportación de su administración, las autoridades del Ejecutivo destacaron la rapidez con la que se iniciaron estos operativos, contrastándola con la gestión del gobierno anterior. En lo que va de su mandato, el Gobierno también ha reportado que más de 1.400 migrantes irregulares han abandonado Chile de forma «voluntaria».
Desafíos y proyecciones en la política migratoria
El Ejecutivo ha reiterado su intención de aumentar tanto los vuelos de expulsión como las salidas terrestres mediante buses, aunque sin revelar las fechas de estas operaciones por motivos de seguridad. ¿Cómo impactará esta estrategia en el flujo migratorio regional?
Uno de los puntos más complejos sigue siendo la situación de los ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión pendientes. Las autoridades han reconocido públicamente dificultades diplomáticas y consulares para concretar retornos a Venezuela, pero aseguran que hay conversaciones en curso para facilitar dichos procesos en el futuro cercano.
