La diputada republicana Javiera Rodríguez ha iniciado una fiscalización directa sobre las arcas municipales de su distrito. El objetivo de la parlamentaria es obtener un desglose detallado de los gastos asociados a las cuentas públicas realizadas durante los periodos 2023 y 2024, ante sospechas de un uso indebido de recursos públicos en eventos que, a su juicio, podrían estar siendo instrumentalizados.
A través de una serie de oficios, la legisladora ha requerido antecedentes específicos sobre ítems clave: servicios generales, gastos de producción y arriendos. Dentro de este proceso, destaca la solicitud enviada a la Municipalidad de Lo Prado, donde se pidió información precisa sobre el dinero destinado a organizar estas instancias de rendición de cuentas.
Fiscalización por posibles fines políticos
El argumento central de Rodríguez es que la gestión de las autoridades locales debe ajustarse estrictamente a los criterios de transparencia y prioridad de la comunidad. Según la diputada, estas ceremonias se han alejado de su propósito institucional original.
Las cuentas públicas deben ser un ejercicio de sobriedad y transparencia. El uso de fondos municipales debe responder a las prioridades de la comunidad.
La parlamentaria reveló que ha recibido antecedentes que sugieren que estos actos podrían estar siendo utilizados para expresar posiciones políticas, lo cual motivó la ofensiva fiscalizadora. Para la diputada, el uso de fondos en eventos de gran despliegue debe estar justificado por la austeridad necesaria en la administración pública.
¿Qué pasará una vez que los municipios entreguen la información solicitada? La diputada Javiera Rodríguez anticipó que, tras el análisis de estos documentos, evaluará la implementación de medidas de fiscalización adicionales. El objetivo final, según la parlamentaria, es asegurar el resguardo de los recursos municipales y elevar los estándares de transparencia en la gestión comunal frente a la ciudadanía.
