En el marco de su gira nacional con el programa “Presidente Presente”, el mandatario José Antonio Kast abrió un nuevo frente de conflicto con el mundo académico. Durante la quinta versión de este encuentro ciudadano, celebrado en Puerto Montt ante cerca de mil asistentes, el jefe de Estado puso en duda la eficiencia del financiamiento estatal destinado a la investigación universitaria y su impacto real en la economía del país.
Acompañado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, el Presidente planteó la necesidad urgente de auditar los resultados de los fondos públicos entregados a centros de estudio. El mandatario vinculó esta revisión con la capacidad de estos proyectos para potenciar la creación de puestos de trabajo, un pilar que, a su juicio, no se estaría cumpliendo bajo el actual modelo de gestión científica.
La crítica al gasto público y la «utilidad» científica
Durante su intervención, Kast fue enfático al referirse a la falta de retorno económico de ciertos estudios subvencionados por el Estado. Al mencionar casos como los registrados en Valdivia, el mandatario sostuvo:
“A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”.
El gobernante exigió realizar un seguimiento exhaustivo a los recursos asignados a las instituciones de educación superior, advirtiendo que los resultados de dichas auditorías podrían causar sorpresas en la opinión pública. Esta postura busca trasladar la fiscalización del gasto público, previamente aplicada en otras áreas como la Ley de Humedales, hacia el sistema académico y de investigación.
Contexto de ajustes presupuestarios
Este cuestionamiento se enmarca en un escenario donde el Gobierno intenta consolidar su agenda de “reconstrucción y reactivación” económica. No obstante, las declaraciones tensionan la relación con los investigadores, especialmente tras las medidas tomadas en marzo pasado.
En aquel momento, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, anunció la suspensión temporal de las becas de magíster en el extranjero y de los programas de posdoctorado internacional para 2026. La medida, justificada como un ajuste presupuestario necesario para redefinir el alcance del sector, ha sido parte del debate sobre cómo el Estado administra sus recursos ante un entorno fiscal complejo. ¿Logrará el Ejecutivo imponer nuevos criterios de evaluación que satisfagan sus demandas de productividad laboral, o profundizará la brecha con la comunidad científica nacional?
