Un grupo transversal de parlamentarias ha presentado un proyecto de ley destinado a fortalecer la protección frente a la violencia intrafamiliar (VIF), concentrando sus esfuerzos en frenar la revictimización durante las etapas judiciales. Ante un sostenido aumento de denuncias en el país, el sistema ha mostrado vulnerabilidades que desincentivan la búsqueda de justicia por parte de las víctimas.
La iniciativa legislativa introduce medidas operativas clave, tales como la posibilidad de que las víctimas declaren mediante videoconferencia, la implementación de horarios diferenciados en los tribunales y el establecimiento de protocolos estrictos para impedir cualquier contacto físico o visual con el agresor durante las audiencias.
¿Por qué las víctimas abandonan las causas judiciales?
La diputada del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, advirtió que el abandono de causas es un problema crítico. Según explicó, este fenómeno ocurre principalmente por el miedo a enfrentar al victimario y el desgaste emocional que implica el proceso judicial actual. «Muchas desisten por el temor de enfrentarse a su agresor o por el impacto emocional del proceso judicial», detalló la parlamentaria.
Para Concha, es imperativo que el sistema no se convierta en una segunda fuente de daño. «El sistema no puede terminar revictimizando a quienes busca proteger», enfatizó, destacando la necesidad de garantías que permitan avanzar en la justicia sin sacrificar la seguridad personal.
Tecnología y modernización del sistema
Desde la Comisión de Mujer, la diputada republicana Javiera Rodríguez sostuvo que la propuesta no solo se enfoca en la seguridad, sino en una modernización necesaria de los tribunales. Al integrar nuevas tecnologías, se busca facilitar el acceso a la justicia y atenuar el profundo impacto que la VIF genera en el núcleo familiar.
Por su parte, la diputada del PSC, Francesca Muñoz, subrayó el carácter transversal de esta iniciativa, trabajada en conjunto con las comisiones de Familia y de Mujer. La propuesta responde directamente al incremento de la violencia, buscando fortalecer los mecanismos de resguardo y proteger a quienes hoy se encuentran desamparadas por la burocracia.
La presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, la diputada del Partido de la Gente, Eileen Urqueta, valoró los alcances del proyecto y subrayó que denunciar es apenas el primer paso. «También debemos asegurar que el proceso no vuelva a exponer o dañar a las víctimas», puntualizó.
Necesitamos avanzar de manera conjunta para garantizar que ninguna víctima tenga que elegir entre su seguridad y el acceso a la justicia, concluyó Sara Concha respecto a la coordinación con el Ejecutivo.
Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo y la disposición de la ministra de la Mujer para su tramitación. El futuro de esta ley dependerá de la celeridad con que se avance en su discusión legislativa para convertir estos resguardos tecnológicos y procedimentales en una realidad concreta para todas las víctimas de Chile.
