La actual administración del Municipio de Valparaíso, encabezada por la alcaldesa Camila Nieto (FA), entregó explicaciones ante los cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR). El ente fiscalizador detectó cerca de 18 mil millones de pesos sin rendir durante el último año de gestión del exalcalde Jorge Sharp.
Desde la alcaldía explicaron que, en enero pasado, presentaron todos los antecedentes ante el Concejo Municipal como parte de un proceso de transparencia. Según indicaron, al considerar que los hallazgos de la CGR eran coherentes con sus evaluaciones internas, no vieron necesario formular observaciones al preinforme emitido por el organismo.
Plan de acción y medidas internas
Ante la falta de respuesta formal al preinforme, el municipio detalló que ya elaboraron un plan de acción para mitigar las situaciones detectadas. Este documento fue expuesto ante la Contraloría durante una reunión donde se explicaron las medidas específicas a implementar.
Actualmente, como municipio, nos encontramos en pleno proceso de implementación de estas medidas, con el objetivo de fortalecer nuestros procesos internos y dar cumplimiento a los requerimientos del órgano contralor.
Con esto, la gestión de Camila Nieto busca regularizar la situación contable heredada y asegurar el correcto uso de los recursos públicos, proceso que se mantiene bajo monitoreo constante de los organismos fiscalizadores.
La versión del exalcalde Sharp
Por su parte, el exalcalde Jorge Sharp cuestionó el actuar municipal tras una solicitud realizada en marzo pasado, asegurando que quedó en evidencia la falta de respuesta desde el municipio. Según el exedil, la Contraloría exige ahora una explicación documentada debido a esta omisión.
Sharp enfatizó que el municipio contaba con antecedentes clave que, a su juicio, desmentirían la cifra inicial.
Por ejemplo, que la cifra de subvenciones por rendir no era de 18 mil millones de pesos, sino que era muy inferior. Eso también es importante porque eventualmente se podría configurar una infracción al principio de la propiedad administrativa.
El futuro de este proceso depende ahora de la fiscalización continua de la Contraloría y de los resultados que arroje la implementación del plan de acción municipal. ¿Lograrán los nuevos equipos técnicos aclarar la magnitud real de estos fondos antes de que el ente contralor emita un informe final?
