Una propuesta para ajustar la recaudación
El centro de estudios Horizontal, ligado a Evópoli, ha puesto sobre la mesa una serie de recomendaciones para fortalecer el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno. Si bien respaldan políticamente el proyecto por su potencial para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, advierten que el plan enfrenta serios riesgos fiscales que deben mitigarse con urgencia.
Para asegurar la sostenibilidad financiera, el documento plantea que el proyecto no puede depender exclusivamente del crecimiento proyectado. En su lugar, sugieren combinarlo con recortes en el gasto público y nuevas fuentes de recaudación. Entre las alternativas propuestas, destaca la idea de elevar el impuesto a productos como el alcohol, el diésel y las bebidas azucaradas, buscando equilibrar las cuentas del Estado.
El diagnóstico de Horizontal y la realidad fiscal
La postura del think tank se basa en el IPoM de marzo de 2026, que sitúa el crecimiento potencial del país en apenas un 1,9%. Esta cifra es fundamental para entender por qué, a juicio de los expertos, se requieren medidas de largo plazo y no solo parches coyunturales.
El análisis de Horizontal es crítico sobre el efecto fiscal del proyecto gubernamental. Sus estimaciones indican que, incluso incorporando las medidas de crecimiento, la iniciativa sería deficitaria hasta el año 2031, con un promedio de déficit del 0,22% del PIB. Solo después de esa fecha el balance se volvería positivo, alcanzando un peak de 0,79% del PIB hacia 2050. Como antecedente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya ha demostrado capacidad recaudatoria al captar más de $85 mil millones mediante el IVA a plataformas digitales extranjeras.
Permisología y eficiencia estatal
Más allá de los impuestos, Horizontal pone el foco en la agilización de procesos. En cuanto a la permisología, el centro de estudios celebra la reducción de iteraciones en la tramitación ambiental y el fortalecimiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para eliminar observaciones que no resultan pertinentes.
Finalmente, proponen la creación de un régimen voluntario abreviado de evaluación ambiental como una herramienta clave para acelerar la inversión sin comprometer los estándares técnicos, sumándose así al debate estructural sobre cómo el país debe gestionar sus recursos y compromisos presupuestarios en el mediano plazo.
