El Gobierno de Ecuador ha implementado un nuevo periodo de toques de queda nocturnos que abarca casi la mitad del territorio nacional. La medida, que busca frenar la escalada de violencia atribuida a bandas criminales, se mantendrá vigente durante los próximos 15 días, operando entre las 23:00 y las 5:00 horas hasta el 18 de mayo.
La restricción afecta a nueve de las veinticuatro provincias del país: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro (fronteriza con Perú), además de Sucumbíos y Esmeraldas (fronterizas con Colombia). Estas zonas son consideradas estratégicas por ser rutas críticas del narcotráfico.
Impacto y alcance territorial de la medida
Las provincias seleccionadas, que incluyen a las capitales Quito y Guayaquil, concentran el 90% de la violencia y el 86,70% de la delincuencia a nivel nacional, según cifras oficiales. Adicionalmente, el decreto incluye a los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Esta es la segunda vez en 2025 que el presidente Daniel Noboa aplica esta restricción, considerando que el año pasado cerró con un récord de 9.269 homicidios. La primera implementación ocurrió entre el 15 y el 30 de marzo en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
¿Qué resultados dejó la primera intervención?
El balance gubernamental indicó que los homicidios se redujeron un 28% a nivel nacional en marzo tras el primer toque de queda, logrando la captura de al menos 1.283 personas. No obstante, las autoridades admitieron un problema táctico:
Las fuerzas de seguridad detectaron que no hubo una “neutralización estructural” sino “un desplazamiento de las actividades criminales” hacia otras zonas donde se podía circular con normalidad.
Ante este escenario, policías y militares desplegaron vehículos blindados tres horas antes del inicio del toque de queda. En Guayaquil se instalaron 25 puestos de control, mientras que en Quito se habilitaron 17 controles, con el objetivo de afectar a unos “cuarenta perfiles criminales”. La inteligencia policial busca frenar la pugna por el control de la venta de droga en la capital, disputada principalmente por las bandas Los Lobos, la más grande del país, y Los Choneros, la más antigua. Actualmente, el despliegue de unidades especializadas en zonas críticas pretende debilitar de forma definitiva a estas organizaciones mientras rige la medida restrictiva.
