El Ministerio de Energía comunicó este jueves que decidió no proceder con la caducidad de la concesión que opera la empresa italiana Enel en la Región Metropolitana. Esta resolución pone fin a un proceso administrativo iniciado en agosto de 2024, motivado por los prolongados cortes de suministro eléctrico que afectaron a miles de hogares tras intensas lluvias y granizos en Santiago.
El proceso de evaluación y los informes técnicos
El camino hacia esta decisión comenzó por una instrucción de la administración anterior. Para determinar si correspondía el término del contrato, el ministerio solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con fecha 13 de abril, que remitiera un análisis exhaustivo sobre el desempeño de la compañía. El organismo regulador evaluó datos acumulados entre los años 2019 y 2025, abarcando indicadores críticos como la calidad de suministro, calidad comercial y la calidad de producto.
El informe técnico entregado al ministerio el 29 de abril resultó clave para el desenlace. Tras revisar la información, la SEC concluyó que, durante todo el periodo analizado, Enel se mantuvo dentro de los estándares exigidos por la normativa legal y reglamentaria vigente. Basándose en este documento y en un análisis jurídico propio, la cartera concluyó que no se configura ninguna causal legal para proceder a la caducidad.
¿Qué pasará con los procesos judiciales en curso?
Pese a que existen multas cursadas por la SEC y procesos judiciales activos derivados de los apagones de agosto de 2024, el Ejecutivo fue tajante respecto al impacto de estas causas. Según el comunicado oficial, la postura ministerial se mantiene inalterable incluso ante escenarios adversos en tribunales:
Si bien dicho proceso aún no concluye, incluso en el escenario de que los tribunales acogieran la reclamación de la empresa en relación con la atribución de fuerza mayor, la conclusión respecto de la inexistencia de una causal de caducidad se mantiene inalterada.
En definitiva, la resolución administrativa descarta una salida forzada de la empresa eléctrica del mercado capitalino. La incógnita ahora radica en cómo evolucionarán las reclamaciones en sede judicial y si esto alterará la percepción pública sobre la calidad del servicio entregado por la distribuidora en el futuro próximo.
