El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos oficializó una nueva reducción en su presupuesto, afectando a gran parte de sus servicios dependientes. La medida responde a una instrucción directa del Ministerio de Hacienda, que exige un recorte transversal del 3% en el gasto público para hacer frente a la compleja situación fiscal del país.
Según lo informado por la cartera, el ajuste total asciende a $46 mil millones. Las autoridades aseguran que este movimiento se ejecutó priorizando la continuidad de los servicios críticos, especialmente aquellos enfocados en la atención directa a la ciudadanía. Cabe recordar que este nuevo ajuste se suma a una reducción previa de $10 mil millones aplicada en enero de 2026 debido a la emergencia económica vigente.
Detalle del impacto por institución
El servicio con la mayor afectación nominal es Gendarmería de Chile, que deberá absorber un recorte de $17 mil millones. No obstante, al analizar su presupuesto total de $693,7 mil millones (según la Ley de Presupuestos 2026), esta cifra representa una reducción proporcional del 2,4%. Un porcentaje idéntico se aplica al Servicio Médico Legal (SML), aunque en este caso el impacto absoluto es de $1.640 millones sobre un presupuesto base de $69 mil millones.
El resto de los servicios dependientes del ministerio presentan la siguiente distribución en sus recortes presupuestarios:
- Subsecretaría de Justicia: $9.693 millones.
- Servicio de Reinserción Juvenil: $7.676 millones.
- Registro Civil e Identificación: $7.141 millones.
- Defensoría Penal Pública: $2.070 millones.
- Subsecretaría de Derechos Humanos: $870 millones.
Contexto fiscal y futuro operativo
Esta medida ocurre en medio de un intenso debate público respecto a la gestión financiera de la cartera. Durante las últimas jornadas, surgieron críticas y dudas sobre la viabilidad de ciertos programas, particularmente aquellos vinculados a la protección de los derechos humanos, ante la posibilidad de cierres o modificaciones sustanciales.
Desde el Gobierno sostienen que el plan busca una redistribución interna estratégica. El objetivo declarado es proteger la operación crítica de áreas sensibles, tales como la seguridad penitenciaria, el sistema de defensa penal y la gestión del Registro Civil. Pese a estas garantías, la estrechez fiscal sigue marcando la pauta operativa del Ministerio, dejando abierta la incertidumbre sobre si serán necesarios nuevos ajustes antes de finalizar el ejercicio presupuestario anual.
