El escenario delictivo en Chile atraviesa un momento crítico. Durante su cuarta cuenta pública, el fiscal nacional, Ángel Valencia, alertó que el secuestro extorsivo ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza instalada en el territorio nacional. Desde 2022, el país registra más de 800 casos anuales, una cifra alarmante que ha forzado a la institución a rediseñar sus estrategias de persecución penal ante lo que calificó como una nueva industria criminal.
Nuevas estrategias frente a la extorsión
Ante la gravedad de este aumento, el fiscal Valencia calificó la situación como “muy malo” y subrayó que la Fiscalía no ha adoptado una postura pasiva. Para combatir este ilícito, el Ministerio Público ha intensificado el uso de los equipos ECOH —originalmente destinados a homicidios—, los cuales ahora priorizan la investigación de secuestros en contextos de crimen organizado. Además, se ha implementado la Fiscalía Supraterritorial y se han reforzado los equipos de élite.
“No nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad”, afirmó el fiscal nacional Ángel Valencia.
Resultados y exigencias académicas
Los datos validados por la Universidad Católica muestran un avance: la capacidad de identificar a los culpables ha aumentado un 30%, logrando individualizar a más de 300 imputados en el último año. No obstante, voces expertas como Neftalí Carabantes, del Centro de Seguridad de la Universidad Central, señalan que el enfoque debe trascender la detención. Según Carabantes, es imperativo golpear las estructuras económicas de las bandas, mejorar la inteligencia policial y endurecer el control en fronteras.
Desafíos políticos y presupuesto
La clase política coincide en la urgencia del combate. La diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio) llamó a una unidad de propósito entre poderes del Estado, mientras que Ximena Ossandón (Renovación Nacional) propuso una solución concreta para el financiamiento: reinvertir los bienes incautados al crimen organizado para financiar su propia persecución. Aunque Valencia descartó recortes presupuestarios, admitió que el sistema requiere soluciones innovadoras.
Actualmente, el Ministerio Público se encamina hacia una etapa de “persecución estratégica” centrada en la inteligencia de datos. La hoja de ruta institucional contempla tres pilares: fortalecer la frontera norte, optimizar el sistema carcelario para aislar a líderes criminales y otorgar mayores facultades de actuación autónoma a las policías. Con un incremento del 10% en las sentencias condenatorias totales, el país mantiene una política de “tolerancia cero” ante esta nueva realidad delictiva que promete ser el campo de batalla clave para la seguridad en los próximos años.
