El pasado 17 de abril, un grave hecho afectó la operatividad de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Lota. Un robo de diversas herramientas, valoradas en más de 10 millones de pesos, dejó a la unidad de rescate de la comuna totalmente fuera de servicio, generando un impacto directo en la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona.
Días después del incidente, la Policía de Investigaciones (PDI) logró localizar al presunto responsable del ilícito. Se trata de Bryan Celedón, de 27 años, quien actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, su defensa jurídica ha iniciado una ofensiva para modificar esta resolución judicial bajo argumentos de carácter social.
El argumento del «flagelo social»
El defensor penal público de Lota, Raúl Castillo, sostuvo que el actuar de Celedón está vinculado a un profundo “flagelo social”. Según detalló el abogado, este concepto se fundamenta en un historial que incluye un consumo problemático de drogas, un diagnóstico de retardo mental leve y analfabetismo, antecedentes respaldados por un peritaje psiquiátrico previo.
La defensa considera que mantener al imputado tras las rejas es una medida desproporcionada.
“Esta conducta viene siendo un flagelo social. En este sentido, la defensa considera desproporcionado que, en esta etapa procesal de la causa, existiendo al menos diligencias pendientes sobre la corroboración de si es sangre lo encontrado en el hecho, y si esta corresponde a mi representado, se mantenga la prisión”
, señaló el abogado Castillo.
Diligencias y estado de la investigación
El caso aún mantiene aristas abiertas, destacando la necesidad de realizar pericias genéticas a muestras de sangre encontradas tras el robo a una consulta médica en Lota, hecho ocurrido la noche anterior al atraco contra los voluntarios. La defensa espera que estos análisis sean determinantes para esclarecer la participación real de su representado.
Bryan Celedón fue detenido la mañana del 24 de abril tras comparecer ante el Tribunal de Garantía de Lota. Previamente, el día 23 de abril, Carabineros lo fiscalizó en la vía pública, momento en el que el imputado entregó una identidad falsa, lo que derivó en una formalización adicional por usurpación de identidad.
Actualmente, el equipo jurídico del acusado trabaja en apelar la prisión preventiva con el objetivo de obtener el arresto domiciliario. La resolución final dependerá de la valoración de los antecedentes expuestos ante el magistrado Henríquez, mientras la investigación continúa bajo la presunción de inocencia que rige en nuestra jurisdicción hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
