El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, salió al paso de la controversia generada por el denominado Oficio 16. En el marco del seminario “Modernizar el Estado: una agenda prioritaria de corto plazo”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica (PUC), el personero aclaró las reales intenciones de esta medida que propone un ajuste fiscal de $5,4 billones proyectado hacia el año 2027 y que impactaría a 142 programas estatales.
La aclaración sobre el ajuste de 142 programas
Ante la inquietud que despertó el término “descontinuar” en el documento oficial, Llodrá fue enfático en precisar el lenguaje utilizado. Según indicó el subdirector, existe una distinción fundamental entre el fin de una política pública y la modificación de su herramienta de ejecución. “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”, señaló durante su intervención en la PUC.
El funcionario explicó que el proceso de evaluación anual busca perfeccionar la gestión, entregando recomendaciones que a menudo fueron interpretadas de manera rígida. Al respecto, Llodrá citó textualmente el espíritu del oficio:
“No se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública, pero lo que se decía es: Esta herramienta o la forma en cómo usted ejecuta esa política pública tiene un problema; usted debería quizá descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma”.
¿Qué implica realmente la reformulación estatal?
Para graficar esta postura, el representante de la Dipres entregó un ejemplo concreto sobre cómo operaría este cambio de enfoque en la administración pública. Argumentó que el objetivo no es eliminar prestaciones sociales esenciales, sino optimizar su entrega.
“Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo. Eso es, de alguna manera, reformular”, concluyó Llodrá. Con esta aclaración, la Dipres busca bajar la tensión frente al ajuste de $5,4 billones, dejando claro que el foco está en la eficiencia presupuestaria más que en el recorte de beneficios sociales, lo que marca una hoja de ruta clave para el gasto público hacia 2027.
