La Corte Suprema de Estados Unidos inició esta semana un análisis clave para determinar si la legislación federal tiene la facultad de impedir que jueces y jurados admitan demandas de pacientes con cáncer contra Monsanto. El gigante agrícola es cuestionado por presuntamente no advertir sobre los riesgos asociados al uso del herbicida Roundup, caso que podría sentar un precedente para más de 100 mil litigios vigentes en el país.
El foco de la disputa judicial recae sobre el glifosato, el ingrediente activo del herbicida que se utiliza masivamente en la agricultura desde la década de 1970. La controversia se intensificó tras el año 2015, cuando un organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como “probablemente cancerígeno”, desafiando la postura histórica de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que sostiene que no es cancerígeno en humanos.
El caso testigo de John Durnell
El proceso legal que revisa el tribunal máximo se centra en la demanda de John Durnell, quien asegura que la exposición prolongada al químico le provocó un linfoma no Hodgkin. En instancias previas, un jurado de Missouri falló a su favor, dictaminando una compensación de 1,25 millones de dólares, monto que fue ratificado posteriormente.
La defensa de Durnell argumenta que la empresa tenía conocimiento de los peligros del Roundup desde hace décadas, pero omitió informar a los consumidores. En contraste, Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sostiene que el sistema de regulación federal sobre pesticidas es único y que no se pueden exigir etiquetas o advertencias adicionales dictadas por normativas estatales.
Tensión entre la industria y la salud pública
La postura de la empresa ante el máximo tribunal ha sido clara respecto al riesgo que implican estas demandas para su viabilidad económica y operativa:
“La persistencia de estos litigios amenaza la capacidad de Monsanto para seguir suministrando glifosato a los agricultores que lo necesitan para mantener su liderazgo en la producción de alimentos”.
Desde el lado de la industria agrícola, la American Farm Bureau Federation advirtió que una prohibición o restricción severa del producto tendría efectos devastadores. Según la organización, el glifosato se aplica en cerca de 300 millones de acres de tierras agrícolas, siendo vital para la producción de fibras y alimentos en Estados Unidos.
En la vereda opuesta, organizaciones de prevención del cáncer y trabajadores agrícolas insisten en que el producto representa un peligro inminente. “El cáncer es una epidemia que afecta a más de 1 de cada 3 estadounidenses a lo largo de su vida. La Corte no debería otorgar inmunidad a Monsanto por los riesgos de sus productos ni negar a los estadounidenses su derecho a conocer los peligros de un producto inherentemente peligroso”, señalaron los activistas durante las audiencias.
Por ahora, los jueces de la Suprema mantienen posturas divididas: mientras algunos expresan inquietud por la falta de un estándar único entre el gobierno federal y los estados, otros temen que limitar estas demandas bloquee la capacidad de detectar riesgos para la salud pública. La resolución final determinará si la compañía logra el blindaje judicial solicitado o si miles de afectados podrán continuar sus reclamaciones en los tribunales estadounidenses.
