El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, manifestó un fuerte rechazo hacia el enfoque gubernamental frente a la crisis migratoria, cuestionando directamente la propuesta de tipificar el ingreso irregular de extranjeros como un delito. Durante su Cuenta Pública, el personero advirtió que esta estrategia, parte de los ejes planteados por José Antonio Kast, carece de realismo y vulnera principios fundamentales.
Crisis migratoria: ¿por qué aumenta el flujo y la preocupación?
Según las cifras entregadas por el organismo, las atenciones a personas migrantes experimentaron un incremento sostenido durante el año 2025. Ante este escenario, la proyección del INDH indica que la tendencia al alza se mantendría durante todo el 2026, complejizando aún más el panorama de asistencia y protección.
Para Ljubetic, el problema radica en la narrativa política que busca asociar permanentemente la migración con la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Sobre este punto, el director fue enfático en su diagnóstico:
Creo que es una mirada muy marcada por elementos tales como intentos permanentes de identificar la migración con la delincuencia y la inseguridad. Eso es una perspectiva extremadamente riesgosa porque lo que hace es que se impongan propuestas que, si las pudiéramos caracterizar, uno debiera decir que son de una tremenda inhumanidad.
¿Es viable tipificar el ingreso irregular como delito?
El director del INDH argumentó que criminalizar el ingreso no solo refleja una falta de empatía hacia quienes buscan sobrevivir en condiciones de extrema vulnerabilidad, sino que también es una medida carente de sentido práctico. En su análisis, el sistema judicial y policial chileno no cuenta con la capacidad instalada necesaria para asumir la carga que supondría esta tipificación penal.
Además de la sobrecarga operativa, Ljubetic advirtió sobre las consecuencias directas en la gestión de centros de detención. Según el organismo, la medida derivaría en un aumento de los escenarios de detención transitoria, espacios donde el INDH deberá intervenir de manera permanente para fiscalizar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos.
Por ahora, el debate se mantiene abierto en torno a si el Estado priorizará una política basada en el control punitivo o si se integrará una mirada realista frente a un fenómeno migratorio que, según los datos expuestos, no dará tregua en el corto plazo.
