En un escenario marcado por la incertidumbre administrativa y fuertes cuestionamientos internos, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, abordó este lunes las dudas sobre el futuro del Programa de Derechos Humanos. El personero desestimó tajantemente cualquier posibilidad de cierre del organismo, así como también rechazó que existan instrucciones emanadas desde su oficina para dejar de intervenir en causas judiciales vinculadas a violaciones a los derechos fundamentales.
La aclaración de Mira surge ante un contexto de alta complejidad. Por un lado, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda sugirió descontinuar este programa en la propuesta del Presupuesto 2027. Por otro, han ganado fuerza las denuncias de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia y de exjefas del área respecto a un supuesto cambio de criterio que limitaría el actuar de los abogados en procesos sobre beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.
La postura del Gobierno frente a la Dipres
Respecto a la sugerencia técnica de Hacienda, el subsecretario Pablo Mira fue enfático al señalar que tales recomendaciones no serán acogidas.
“Vamos a continuarlo, está totalmente conformado. Se lo anunciamos a los funcionarios. Las sugerencias que salieron de Hacienda no serán atendidas en ningún sentido”
sentenció la autoridad, subrayando que el programa responde a un mandato legal de la subsecretaría.
Para Mira, la continuidad de esta unidad trasciende lo administrativo, calificándola como una pieza fundamental no solo para el funcionamiento de la subsecretaría, sino para el país en su conjunto. Con estas declaraciones, el Gobierno busca frenar la especulación de que el programa podría ser eliminado como parte de una estrategia de ajuste fiscal estatal.
Polémica por causas judiciales y correos internos
La tensión no se limita al ámbito financiero. Una controversia mayor surgió a raíz de un correo electrónico enviado por la jefa del programa, Constanza Garrido, en el cual se mencionaban “instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento”. Este antecedente encendió las alarmas de los funcionarios, quienes temen una desactivación de facto de las funciones de defensa de la institución.
Al ser consultado sobre este punto, Pablo Mira desmintió la existencia de una directriz general que prohíba la apelación. Según su versión, lo que opera es un protocolo vigente desde el año 2017, el cual ordena evaluar cada caso de manera particular.
“No hay instrucción alguna de forma general, sino que lo que hay es un protocolo del año 2017 de analizar caso a caso, y es lo que seguiremos haciendo”
, afirmó.
Pese a la respuesta del subsecretario, la inquietud persiste, especialmente porque el mencionado correo interno describe un mecanismo formal para registrar decisiones de no apelar bajo “decisión de la autoridad”. Actualmente, el Programa de Derechos Humanos se mantiene en una posición frágil, presionado externamente por la política presupuestaria e internamente por las divergencias sobre cómo enfrentar los procesos judiciales más sensibles.
