La comunidad mapuche de Temulemu se ha unido en torno al caso del lonco Juan Pichún Collonao, quien enfrenta una medida de prisión preventiva por su presunta participación en un atentado incendiario al fundo La Coña de Traiguén, propiedad de la familia del diputado Jorge Rathgeb.
Pese a los esfuerzos de su defensa, el Tribunal de Garantía de Temuco ha rechazado la solicitud de modificar la medida cautelar que mantiene al líder comunitario recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. El abogado Sergio Millamán, quien representa al acusado, ha anunciado que apelará la resolución del tribunal.
Apoyo de la Comunidad Mapuche
Ayer, una treintena de comuneros mapuches de diferentes sectores de la Provincia de Malleco se congregaron frente a la cárcel de Temuco para expresar su solidaridad con Juan Pichún. Instalaron lienzos y realizaron una rogativa en apoyo al lonco detenido.
La audiencia de preparación de juicio oral, originalmente programada para ayer, se suspendió debido a que uno de los acusados cambió de abogado. Ahora ha sido reprogramada para el 27 de enero del próximo año.
Alegatos de la Defensa
Según el abogado Sergio Millamán, la defensa de Juan Pichún ha solicitado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que esta decisión es injusta y desproporcionada. Millamán sostiene que su cliente es un líder comunitario respetado y que no representa un peligro para la sociedad.
Sin embargo, el Tribunal de Garantía de Temuco ha mantenido firme la medida de prisión preventiva, considerando que existen indicios suficientes para vincular a Pichún con el atentado incendiario.
Implicaciones y Perspectivas
Desde una perspectiva económica, este caso pone de manifiesto las tensiones entre los intereses de la comunidad mapuche y los de los propietarios de tierras en La Araucanía. Para los comuneros, la detención de Pichún representa una amenaza a su liderazgo y a la defensa de sus derechos ancestrales. Por otro lado, las autoridades buscan mantener el orden y la seguridad en la región, lo que a menudo entra en conflicto con las demandas de la población indígena.
Más allá de las implicaciones legales, este caso también tiene una dimensión política y social. La comunidad mapuche exige justicia y transparencia en el proceso, mientras que el Estado debe encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos de los pueblos originarios y la aplicación de la ley. La resolución de este conflicto tendrá un impacto significativo en las relaciones entre el Estado y la etnia mapuche en La Araucanía.
