En un gesto poco habitual, prácticamente toda la oposición política se alineó este miércoles para confirmar la presentación de una Acusación Constitucional (AC) en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, a raíz del error en el cobro de tarifas eléctricas que habría afectado a millones de hogares durante los últimos años.
El anuncio fue realizado a través de una declaración pública firmada por las bancadas de la UDI, RN, Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC). En el texto, los jefes de comité parlamentario responsabilizan directamente a Pardow y al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por lo que califican como una «actuación absolutamente negligente y deficiente».
Cobros Excesivos y Falta de Supervisión
Según la oposición, la llamada «alza injustificada y desproporcionada» en las cuentas de la luz tendría un origen claro: la falta de control y supervisión por parte del exministro Pardow y de las autoridades competentes. «Durante las últimas horas hemos tomado conocimiento de nuevos antecedentes que demuestran que el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una prolongada omisión», señalaron en el comunicado.
Conocimiento Previo del Gobierno
Uno de los puntos más críticos del documento apunta a que el Ejecutivo habría tenido conocimiento del error hace más de un año, luego de una autodenuncia presentada por la empresa Transelec. Según los parlamentarios firmantes, esa información se habría mantenido en reserva «con el propósito de eludir responsabilidades políticas y evitar impactos electorales en las candidaturas oficialistas».
La oposición acusa que este comportamiento «no solo constituye una falta de diligencia manifiesta», sino también «una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado».
Exigencia de Responsabilidad Política
Finalmente, las bancadas de oposición confirmaron que la Acusación Constitucional (AC) contra Pardow será presentada en el más breve plazo posible, con el objetivo de que el exministro «asuma la responsabilidad política que le corresponde». Además, exigieron al Gobierno implementar mecanismos de restitución para que los consumidores recuperen los montos cobrados en exceso.
«Nuestro país no solo requiere respuestas claras y soluciones efectivas, sino también que quienes permitieron este abuso respondan como corresponde», concluye el comunicado.