En un sorprendente giro de eventos, el empresario Héctor Sarmiento, representante de la empresa Profecxa, ha denunciado ante la Contraloría las presiones y exigencias de coimas que enfrentó durante la construcción de una cancha de fútbol en la ciudad de Coronel.
Según Sarmiento, el Inspector Técnico de Obra (ITO) del proyecto «Cancha de Fútbol Nuevo Amanecer» le habría exigido $60 millones de pesos como soborno para dar continuidad a las obras y agilizar los estados de pago. Para respaldar su denuncia, el empresario presentó capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp y copias de facturas que, presuntamente, comprobarían las coimas solicitadas.
Los mensajes revelan frases como «tendrán que ponerse con todo» y «la gente sólo esperaba hasta hoy y si no tirarán la cadena», que Sarmiento atribuye a un funcionario municipal. Estas advertencias, según el empresario, estarían relacionadas con su negativa a entregar el dinero exigido.
Reacción de las autoridades
La Municipalidad de Coronel, por su parte, aseguró haberse enterado de estos hechos esta semana, cuando el concejal Selin Nur informó sobre la denuncia en la sesión del Concejo. Sin embargo, el edil afirmó que la denuncia del empresario en Contraloría iba con copia al municipio, lo que hace «bastante sorprendente» que la Corporación no haya estado al tanto de la situación.
Ante estas nuevas denuncias, el gobernador regional Sergio Giacaman, cuya repartición financia la construcción, declaró que no estaba informado de la paralización de las obras, pero que les interesa siempre que los recursos del Gobierno Regional se utilicen de manera adecuada.
Investigaciones en curso
Además de la denuncia del empresario a la Contraloría, el concejal Nur y la municipalidad han solicitado una investigación al Ministerio Público. Asimismo, la corporación edilicia ha abierto un sumario administrativo para acreditar o descartar las acusaciones de coimas.
Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública, a fin de evitar prácticas corruptas que desvíen recursos destinados a obras de infraestructura y desarrollo comunitario.
