En un desconcertante caso de negligencia administrativa, un directivo del Hospital Regional de Concepción, en la región del Bío Bío, ha acumulado una deuda millonaria con los trabajadores de salud de la institución. Según los informes, el funcionario en cuestión adeuda nada menos que 17 millones de pesos correspondientes a un convenio de vales de gas que beneficiaba a los 2.300 socios de la Federación de Trabajadores de Salud Bío Bío (Fenats).
De acuerdo a los antecedentes recabados por Radio Bío Bío, el directivo no habría traspasado el dinero correspondiente a este beneficio al gremio regional, dejando a los trabajadores sin acceso a los vales de gas. Evelyn Betancourt, presidenta regional de la Fenats, explicó que se trata de una deuda de un mes y que, hasta que no sea saldada, el convenio está suspendido. Además, advirtió que si el monto no es pagado en un plazo determinado, se realizará la denuncia respectiva.
Por su parte, Adolfo Beckar, presidente de la Fenats en el Hospital Regional, señaló que el directivo involucrado se había comprometido por escrito a «tratar de hacer todo lo posible para ponerse al día» con la deuda. Sin embargo, según confirmó La Radio, el funcionario se encuentra actualmente con licencia médica, eludiendo sus responsabilidades.
Implicaciones y Llamado a la Acción
Este caso pone de manifiesto la grave falta de responsabilidad y transparencia por parte de un alto cargo del Hospital Regional. Al retener indebidamente fondos destinados al bienestar de los trabajadores, el directivo ha dejado a más de 2.000 empleados de salud sin un beneficio esencial para sus hogares. Desde una perspectiva económica, esta deuda representa una carga injusta para los trabajadores, quienes se ven obligados a asumir el costo de los vales de gas con sus propios recursos.
Más allá de las implicaciones financieras, este escándalo también socava la confianza y el clima laboral en el hospital. Los trabajadores de salud, quienes arriesgan sus vidas para cuidar de la comunidad, merecen líderes que respeten y cumplan con los acuerdos establecidos. Es imperativo que las autoridades correspondientes tomen medidas disciplinarias y administrativas contundentes para sancionar esta conducta inaceptable y garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir.
En última instancia, este caso es un llamado a la rendición de cuentas y a la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados al bienestar de los trabajadores de la salud. Solo así podremos asegurar que los hospitales y centros de atención médica operen con la integridad y el compromiso que la ciudadanía merece.
