En un giro sorprendente, la Municipalidad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, ha anunciado la destitución de 54 funcionarios de salud por haber viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Este hecho se enmarca en una serie de sumarios instruidos por la Contraloría, que reveló un alarmante patrón de mal uso de las licencias médicas en la capital regional.
Investigación Exhaustiva y Sanciones Ejemplares
Según informó el alcalde Rodrigo Wainraihgt, la municipalidad desarrolló 88 sumarios en total, de los cuales 54 derivaron en la destitución de los trabajadores del área de la salud. Cabe destacar que Puerto Montt se encontraba entre las instituciones con más casos de abuso de licencias a nivel nacional, lo que llevó a la asignación de fiscales específicos para estas investigaciones.
Transparencia y Rendición de Cuentas
El alcalde enfatizó que estas medidas responden a la exigencia ciudadana de probidad, transparencia y celeridad en los procesos. «Estamos cumpliendo con lo que pide la ciudadanía», afirmó Wainraihgt en una entrevista con Radio Bío Bío.
Reacciones y Debido Proceso
Desde la Confusam, el sindicato de trabajadores de la salud, reaccionaron rápidamente. Si bien reconocen que estas situaciones debían ser investigadas, acusan que no se ha respetado el debido proceso. El dirigente sindical señaló que ahora los destituidos deberán presentar recursos de reposición, para que se analice cada caso de manera individual. La Confusam vigilará de cerca este proceso, con el fin de asegurar que las sanciones sean proporcionales a las faltas cometidas.
Implicaciones y Lecciones Aprendidas
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, especialmente en áreas sensibles como la salud. Además, resalta la necesidad de establecer mecanismos sólidos para prevenir y sancionar el abuso de licencias médicas, sin menoscabar los derechos de los trabajadores. A partir de esta experiencia, se espera que se implementen medidas más efectivas para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía.
