Tras años de incertidumbre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha confirmado que el próximo lunes se iniciarán las «primeras acciones de logística» para proceder con la demolición de la toma Calicheros en la comuna de Quilpué. Esta decisión, que se remonta a una resolución de la Corte Suprema en 2024, ha generado reacciones encontradas entre las autoridades y los ocupantes del predio.
Belén Paredes, jefa de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, aseguró que el proceso de demolición avanzará de acuerdo con lo programado, con la coordinación de la delegación presidencial, los servicios, instituciones y el municipio, todo ello con el objetivo de «resguardar los derechos de las personas, mascotas y ocupantes del sector».
Postura de la Familia Correa
El terreno en cuestión pertenece a la familia de Alejandro Correa, un empresario asesinado por sicariato en 2020. Jeanette Bruna, abogada de la familia Correa, valoró que se haya mantenido una postura firme con el proceso, pero criticó que la demolición comience con la nomenclatura de «trabajos logísticos», argumentando que esto podría generar incertidumbre entre los ocupantes.
Reclamo de los Ocupantes
Por su parte, los ocupantes de la toma Calicheros han manifestado su preocupación por la vulneración de sus derechos, al no existir una orden de desalojo previa. Jazmín Durán, presidenta de la Comunidad Terrazas del Marga Marga, ubicada dentro de la toma, hizo un llamado para que se les otorgue el tiempo suficiente para salir del terreno de manera digna, evitando tener que «botar» sus casas, que les costaron tanto construir.
Cabe destacar que el catastro voluntario realizado por la Municipalidad de Quilpué no reflejó la realidad del número de familias ocupando el predio, registrando apenas una decena de personas, cuando en realidad se estima que hay muchas más.
Desafíos y Derechos en Juego
La demolición de la toma Calicheros plantea un delicado equilibrio entre el cumplimiento de la resolución judicial y el respeto a los derechos de los ocupantes. Las autoridades han manifestado su compromiso de coordinar el proceso de manera ordenada y respetuosa, pero los ocupantes temen por la vulneración de sus derechos y la falta de un plan de reubicación adecuado.
En este escenario, será fundamental que todas las partes involucradas trabajen de manera colaborativa para encontrar soluciones que permitan una transición justa y digna para los habitantes de la toma Calicheros, sin perder de vista el marco legal que sustenta la decisión de demolición.
