Un escandaloso caso de abuso de poder y desvío de recursos públicos ha sacudido al Hospital Regional de Concepción. Según un informe de la Contraloría, un grupo de médicos de la Unidad de Anatomía Patológica del hospital han estado procesando exámenes para la Universidad de Concepción (UdeC) durante su horario laboral, utilizando los recursos del centro de salud.
La investigación reveló que estos análisis, vendidos por la UdeC a través de licitaciones o convenios con clínicas, eran realizados por los propios funcionarios del Hospital Guillermo Grant Benavente, lo que constituye una grave falta de ética y probidad administrativa. El Hospital Regional ha instruido un sumario para determinar las responsabilidades de los involucrados, quienes en su mayoría son médicos de la unidad en cuestión.
Reacciones de Indignación
La noticia ha generado una ola de reacciones indignadas. Paulina Astroza, académica y abogada de la Facultad de Derecho de la UdeC, recordó el escándalo del «Caso Interferón» y espera que esta nueva investigación se lleve a cabo con total transparencia, en beneficio de la prestigiosa casa de estudios.
Por su parte, el doctor Germán Acuña, miembro del Consejo Nacional del Colegio Médico, calificó lo denunciado como «inaceptable». Al igual que Astroza, hizo referencia al «Caso Interferón», señalando que este tipo de situaciones «desprestigian mucho a la universidad».
Conflicto de Intereses
Aún más preocupante es el hecho de que una de las médicas investigadas por realizar estos exámenes en horario laboral del hospital es, además, vicepresidenta regional del Colegio Médico de Concepción. Esto plantea serias dudas sobre posibles conflictos de intereses y la capacidad de la profesión médica para autorregularse.
Llamado a la Transparencia
Tanto Astroza como Acuña coinciden en la necesidad de que esta investigación se lleve a cabo con total transparencia. La credibilidad de la UdeC y del sistema de salud pública están en juego. Es imperativo que se esclarezcan todas las responsabilidades y se tomen las medidas disciplinarias correspondientes para evitar que este tipo de abusos vuelvan a ocurrir.
El Hospital Regional tiene ahora la responsabilidad de conducir un proceso riguroso y sin concesiones, demostrando que no tolerará prácticas corruptas en sus instalaciones. La confianza pública está en juego, y solo una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones ejemplares podrán restaurarla.
