En un incidente que ha generado gran debate, un exjuez de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Claudio Pavez (85), y su esposa fueron víctimas de un asalto durante la madrugada en su parcela en La Pintana. Incluso, los delincuentes golpearon con un fierro al hijo de la pareja cuando intentó frustrar el ilícito.
Tras este traumático evento, el exjuez Pavez declaró que si hubiese tenido un arma para defenderse, «no ocurre este asalto y tendríamos allá adentro tres o cuatro muertos». Esta afirmación ha reavivado el debate sobre el derecho a la legítima defensa y el uso de armas por parte de los ciudadanos.
El Gobierno responde
En respuesta a las declaraciones del exjuez, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, empatizó con la situación vivida, pero enfatizó que «armarse no es una buena solución». Cordero explicó que la política gubernamental apunta a «tratar de sacar armas de circulación», ya que «el uso del arma de fuego como medio de defensa, no es recomendable».
El ministro reconoció la creciente frecuencia de este tipo de delitos en ciertas zonas de la ciudad, y afirmó que se están implementando operativos específicos para abordar la problemática. Sin embargo, insistió en que el camino adecuado no es que los ciudadanos se armen para defenderse.
Análisis y Perspectivas
Desde una perspectiva económica, el aumento de la inseguridad y la tentación de recurrir a las armas como solución pueden tener implicaciones negativas para la inversión y el desarrollo de las comunidades afectadas. Los expertos en seguridad pública advierten que la proliferación de armas en manos de civiles suele generar más violencia y riesgos, en lugar de mejorar la situación.
Por otro lado, para los consumidores y residentes de estas zonas, la sensación de vulnerabilidad y la falta de confianza en las autoridades pueden llevarlos a considerar el uso de armas como una opción de último recurso. Sin embargo, las autoridades insisten en que este no es el camino y que se deben buscar soluciones más integrales y sostenibles.
Conclusión
Si bien la frustración y el miedo son comprensibles ante el aumento de la delincuencia, el Gobierno mantiene su posición de que el uso de armas por parte de los ciudadanos no es la respuesta adecuada. En su lugar, proponen enfoques más amplios que aborden las raíces del problema y fortalezcan los mecanismos de seguridad pública. ¿Logrará el Gobierno convencer a la población de que armarse no es la solución?
