La Corte Suprema de Chile ha tomado una decisión histórica al remover del cargo a la jueza Verónica Sabaj Escudero, poniendo fin a una carrera judicial de 24 años. Esta medida disciplinaria, adoptada el pasado 10 de septiembre, envía un poderoso mensaje sobre la importancia de la independencia, imparcialidad y ética en el sistema judicial del país.
La remoción de la jueza Sabaj se produjo luego de un exhaustivo sumario administrativo que reveló una serie de faltas graves a la probidad, incluyendo la vulneración de la privacidad de los acuerdos judiciales, el traspaso de información sobre la supuesta tendencia política de ministros y abogados, y el haber sugerido a un abogado una estrategia procesal a emplear. Estas conductas reprochables, comprobadas tras una investigación de al menos 4 meses, demostraron que la jueza Sabaj había traicionado los principios fundamentales que rigen al Poder Judicial.
Fin del Pacto «Forever»
La decisión de la Corte Suprema de remover a la jueza Sabaj marca un punto de inflexión en la forma de funcionar de los tribunales superiores de justicia, el Ministerio Público y los órganos del poder político en Chile. Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de separar claramente los poderes y garantizar la independencia externa del Poder Judicial y el Ministerio Público, principios esenciales de un Estado de Derecho.
Hasta ahora, parecía que ciertos jueces, fiscales y abogados se habían acostumbrado a prácticas ilícitas para obtener resultados favorables, sin rendir cuentas. Sin embargo, el llamado «Caso Hermosilla», destapado por el medio de comunicación Ciper, ha sacado a la luz estas irregularidades, obligando a las instituciones a actuar con transparencia y firmeza.
Justicia y Ética «Forever»
La Corte Suprema ha dado un buen ejemplo al remover a la jueza Sabaj, demostrando que las instituciones funcionan en Chile y que la ética y la justicia deben primar por sobre cualquier otro interés. Esperamos que este caso marque un antes y un después en la forma de operar de los tribunales, el Ministerio Público y el poder político, donde la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial sean valores inquebrantables.
Solo así podremos confiar plenamente en que la justicia y la ética serán los principios que guíen a quienes imparten justicia en Chile, fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho.
