Una compleja disputa legal ha surgido en torno a la licitación de los estudios para el tren Valparaíso-Santiago, poniendo en riesgo el avance de este proyecto clave para la región. En mayo, la Dirección General de Concesiones adjudicó el contrato al Consorcio WSP-Ineco, pero el grupo Consultrans-Pini-Sustentable, que presentó una oferta menor, impugnó la decisión por presuntas irregularidades técnicas.
Según expertos, este tipo de disputas legales son comunes en procesos públicos, especialmente cuando los competidores han invertido tiempo y recursos en estudios y análisis previos. Los errores administrativos menores también pueden afectar la adjudicación, como señaló Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Cautela del MOP y Resolución de Conflictos
Si bien la jurisprudencia y los estamentos regulatorios del país ayudan a resolver estos conflictos, la cautela del Ministerio de Obras Públicas al adjudicar la licitación es clave para proteger la calidad del servicio. Camila Flores, diputada de Renovación Nacional (RN), criticó esta situación por reflejar una «grave falta de gestión» por parte del Ejecutivo, lo que pone en riesgo una obra clave para la región.
Resolución Pendiente
Por otro lado, el senador socialista Tomás de Rementería enfatizó que el conflicto debe resolverse con celeridad para no retrasar un proyecto de interés público para la zona. El Consejo de Defensa del Estado recomendó rechazar la demanda, pero la Contraloría objetó la adjudicación por la omisión de un formulario clave, lo que llevó a WSP-Ineco a presentar una demanda contra la Contraloría por exceder sus atribuciones.
Garantizar el Cumplimiento de las Bases
Mientras tanto, los expertos insisten en que el proceso debe garantizar el cumplimiento de las bases y la protección de la calidad del proyecto, manteniendo la mirada en los intereses de los competidores y del Estado. El Tribunal de Contratación Pública se declaró incompetente, y ahora el caso será revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
