En un fallo histórico, la Corte Suprema de Chile ha condenado a tres miembros de la Armada en retiro por el homicidio calificado del estudiante universitario Marcelo Esteban Barrios Andrade, ocurrido en agosto de 1989 en el Cerro Yungay de Valparaíso. Este veredicto pone fin a décadas de impunidad y representa un importante paso hacia la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la dictadura.
Según la sentencia, el entonces capitán de Corbeta Sergio Patricio Chiffelle Kirby fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor del delito, mientras que los suboficiales Luis Osvaldo Ceballos Guerra y Óscar Arturo Aspée Aspée recibieron cinco años, con el beneficio de la libertad vigilada, por su participación en el ilícito. La Corte determinó que los suboficiales actuaron bajo las órdenes de su superior, lo que motivó la reducción de su pena.
Desenmascarando la Verdad
Según la investigación de la ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Cruz Fierro, Barrios Andrade fue acribillado por personal de Infantería de Marina durante un allanamiento, sin que existiera reacción defensiva por parte del joven, en un operativo que incluyó detonar cargas explosivas en el domicilio. Esto revela que se trató de un falso enfrentamiento orquestado por las fuerzas de seguridad.
Órdenes Superiores no Eximen de Responsabilidad
El abogado especialista en Derechos Humanos, Alex Cortés, resaltó que las órdenes de superiores no deben atenuar la responsabilidad individual en crímenes de lesa humanidad. «Esto confirma que los miembros de la Armada involucrados en este asesinato deben rendir cuentas por sus actos, independientemente de las órdenes recibidas», afirmó.
Justicia Tardía, pero Bienvenida
El director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, valoró esta determinación judicial que «confirma la responsabilidad de miembros de la Armada en este asesinato». Si bien la justicia ha tardado en llegar, este veredicto representa un importante hito en la lucha contra la impunidad y envía un mensaje claro de que los crímenes del pasado no quedarán impunes.
Este caso sirve como un recordatorio doloroso de los abusos cometidos durante la dictadura chilena y la importancia de continuar buscando la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias. Esperemos que esta sentencia aliente a otros sobrevivientes y familiares a alzar sus voces y exigir que se haga justicia por los crímenes del pasado.
