La mañana de este jueves, la inmobiliaria dueña del terreno de la megatoma de San Antonio en la región de Valparaíso, comunicó oficialmente su decisión de activar la solicitud de desalojo. Según un comunicado de la compañía, esta medida se debe a un fallo de la Corte de Apelaciones de la comuna, ratificado posteriormente por la Corte Suprema.
La empresa lamentó la situación de las familias que esperaban una solución a su problema habitacional, pero afirmó que «el Gobierno no puede pretender que sea una empresa privada la que financie, a costa de su patrimonio, una política habitacional». Además, criticaron la actitud del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que «ha dilatado durante más de seis meses las conversaciones técnicas sin proponer ninguna alternativa viable de solución».
Seis Años de Ocupación Ilegal
Cabe destacar que el desalojo no se realizará de manera inmediata, pero el fallo respecto al mismo ya está activado. La Inmobiliaria San Antonio dijo ser víctima del delito de usurpación, pues llevan «seis años tratando por todas las vías de recuperar su terreno, y no está dispuesta a financiar el costo de implementar una mala política pública».
Protocolo Incumplido
En su comunicado, la empresa subrayó que habían aceptado postergar el desalojo con la instalación de una mesa técnica junto al Minvu, «a través de la firma de un protocolo, pero este documento desde un inicio fue letra muerta». Según la inmobiliaria, este protocolo estipulaba que se debía llegar a un acuerdo en el precio, las condiciones de venta y las garantías, pero «jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el Ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna».
Acusaciones Cruzadas
La empresa acusa al Ministerio de «solo pretender que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses». Por su parte, el Minvu ha declarado que el desalojo tiene «particularidades operativas» que deben ser consideradas.
Según un video al que tuvo acceso BBCL Investiga, un agente de la inmobiliaria habría «invitado» a los habitantes a ocupar el predio en 2019, lo que contradice las acciones judiciales iniciadas por la empresa. Sin embargo, la compañía mantiene que es víctima de usurpación y que no está dispuesta a financiar una «mala política pública».
