En un nuevo golpe a la administración del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha admitido a trámite un recurso presentado por consejeros regionales de oposición que busca su destitución.
El recurso, presentado el 25 de julio, acusa a Orrego de un notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. Esto surge a raíz de un informe de la Contraloría que reveló el uso de fondos públicos del Gobierno de Santiago para la campaña de reelección del gobernador.
Los gastos cuestionados
Según el informe de Contraloría, se identificaron cuatro gastos cuestionables realizados por el Gobierno de Santiago:
- Más de $31 millones en actividades de coaching ontológico relacionadas con contextos políticos y campañas electorales.
- Compra de bienes y servicios de consumo por más de $51 millones a través de trato directo, sin documentos que acrediten el cumplimiento de los contratos.
- Contratación de una empresa consultora por $46 millones, sin antecedentes que respalden la ejecución de los servicios.
- Un contrato por $109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue acreditada adecuadamente por el organismo fiscalizador.
Estos gastos están siendo investigados por la Fiscalía Oriente, que ha tomado declaración a Orrego y retirado equipos computacionales de la gobernación regional.
Posible destitución y otros problemas legales
Pero los problemas de Orrego no se limitan a los cuestionados gastos. La Fiscalía de Antofagasta también ha solicitado su desafuero en el caso ProCultura, investigando posibles delitos de fraude al fisco y cohecho por la firma de convenios por más de $1.690 millones con esa organización.
Será el 6 de octubre cuando la justicia revise la solicitud de desafuero, mientras que la defensa de Orrego mantiene su posición de inocencia.
Con el Tricel admitiendo a trámite el recurso de destitución y las investigaciones penales en curso, el gobernador Claudio Orrego se enfrenta a un panorama legal cada vez más complicado. La sombra de la corrupción se cierne sobre su administración, y la oposición busca aprovechar esta coyuntura para lograr su remoción del cargo.
