¿Es inconstitucional el cierre de Punta Peuco?
En una carta al director publicada en el diario El Mercurio, el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, reveló que desobedeció la orden de cerrar el penal de Punta Peuco por considerarla inconstitucional. Según Campos, cumplir con la orden de la entonces presidenta Michelle Bachelet habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley. Afortunadamente, decidió no hacerle caso.
Estas declaraciones surgieron después de que Bachelet admitiera que durante su mandato sí dio la orden de cerrar Punta Peuco, pero que no se pudo llevar a cabo. Según ella, no le hicieron caso y la persona encargada de hacerlo no cumplió con su deber.
Ante estas afirmaciones, EL DÍNAMO se comunicó con el Ministerio de Justicia para conocer su opinión al respecto. Sin embargo, desde la secretaría de Estado solo se limitaron a decir que no podían referirse a las palabras de Campos, ya que no explicó la razón o el argumento de por qué sería inconstitucional.
¿Por qué sería inconstitucional cerrar Punta Peuco?
El abogado constitucionalista Sebastián Zárate respaldó la decisión del ex ministro Campos, afirmando que actuó como un buen ministro de Estado. Según Zárate, Campos aconsejó a la mandataria sobre la inconveniencia de cerrar el penal, tanto desde el punto de vista político como jurídico.
El experto señaló que Campos tiene mayores antecedentes que no se han divulgado y que se refieren a las condiciones del cierre de Punta Peuco. Si estas condiciones pudieran considerarse degradantes o afectar la integridad física y psíquica de los condenados, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad, según el abogado.
Cambio en las condiciones carcelarias y decisiones arbitrarias
Sebastián Zárate explicó que el cierre de Punta Peuco podría vulnerar dos principios fundamentales: el derecho a la igualdad constitucional y la prohibición de decisiones arbitrarias por parte del Estado.
Si se produjera un cambio en las condiciones del penal que no estuviera justificado por razones de política criminal y que afectara la dignidad de los condenados, se estaría tomando una decisión arbitraria y caprichosa. Además, si las vidas de los reclusos corrieran peligro o estuvieran en peores condiciones que antes debido a motivos políticos, también se estaría actuando de forma anticonstitucional.
Por otro lado, si el plan para el cierre de Punta Peuco implicara mejorar las condiciones de los condenados, no habría ningún problema desde el punto de vista constitucional.
En conclusión, el cierre de Punta Peuco ha generado una gran controversia debido a su posible inconstitucionalidad. Mientras el ex ministro de Justicia defiende su decisión de no cerrar el penal, argumentando que se estaría vulnerando la Constitución, el abogado constitucionalista respalda esta postura y señala que se deben respetar los derechos de los condenados durante el cumplimiento de su pena.
Es importante analizar detenidamente las condiciones carcelarias y evitar decisiones arbitrarias que puedan afectar la dignidad de las personas. Sin embargo, también se debe considerar la posibilidad de implementar cambios en la política de reclusión para los violadores de los derechos humanos.
