En un giro dramático, una madre ha sido encarcelada preventivamente por sustraer a su propia hija del hospital donde se encontraba bajo cuidado médico. La mujer, imputada no solo por el delito de sustracción de menor, sino también por desacato y tráfico de drogas, enfrenta serias consecuencias por sus acciones.
Según los argumentos presentados por el Ministerio Público y la Defensoría, el juez Jorge Henríquez determinó que la prisión preventiva era necesaria debido al peligro en que se puso la salud de la lactante, así como los antecedentes penales previos de la madre, que incluían cargos por narcotráfico y porte ilegal de arma de fuego.
La Salud de la Menor, Prioridad Absoluta
La lactante se encontraba bajo cuidado médico en el Hospital de Coronel, región del Bío Bío, debido a una medida de protección del Juzgado de Familia. Esto se debía a que se había determinado que la madre había consumido drogas durante el embarazo, lo que había afectado a la menor.
Al sustraer a la niña del hospital, la madre no solo cometió el delito de sustracción de menor, sino que también puso en grave riesgo la salud de la bebé. Este factor fue clave en la decisión del tribunal de decretar la prisión preventiva.
Antecedentes Penales y Tráfico de Drogas
Además de los cargos por sustracción de menor, la mujer también enfrentaba acusaciones previas por narcotráfico y porte ilegal de arma de fuego. Durante la búsqueda de la madre y su hija, la policía encontró drogas en los domicilios allanados, incluido el de la imputada, lo que llevó a la formalización por tráfico de estupefacientes.
Apelación de la Defensa
La Defensoría no ocultó su desacuerdo con la decisión del juez y adelantó que apelará la resolución. Según la defensora penal Silvia Aguilera, la conducta de la madre tuvo como objetivo proteger a su hija y evitar que el Estado se la quitara.
Continúa la Investigación
El tribunal estableció un plazo de tres meses para la investigación, que también busca detener a las cinco personas que ayudaron a la mujer a robar a la lactante, una de las cuales ya estaría identificada.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de los desafíos que enfrentan las autoridades al tratar de proteger el bienestar de los menores, especialmente cuando los propios padres se ven involucrados en actividades ilegales que ponen en riesgo la seguridad de sus hijos.
